Mineria-Politica: Conceptos y definiciones de la minería en el discurso del Gobernador

La continuidad de la tradición minera es uno de los ejes de desarrollo, tanto por su potencialidad como por los recursos que genera mediante una explotación controlada, ambientalmente sostenible, respetuosa del medio ambiente y articulada con otros ejes de desarrollo provincial y regional...
En lo referente a la actividad minera, este gobierno reafirma sin duda alguna, que Catamarca es una Provincia Minera; el desarrollo de la gran minería en la última década, arroja enseñanzas que debemos incorporar como sociedad.
Hay vastos antecedentes que justifican nuestra posición. El pasado histórico, cuando la actividad minera del oeste provincial junto a la producción minera de La Rioja, constituían el sostén y garantía del Estado Argentino.
Porque contamos con instituciones educativas, como la Escuela Provincial de Minería y las carreras universitarias de Geología y Minería, estas últimas puntales básicos para la creación de la Universidad Nacional de Catamarca; porque tenemos organismos públicos específicos en las esferas Ejecutiva y Judicial; porque contamos con empresas mineras con participación del Estado: YMAD, empresa inter-estadual que posee el primer gran proyecto minero del país, y SOMICA-DEM, empresa mixta entre el Estado y Capitales Privados, que en estos últimos años hemos reflotado dándole valor agregado a un sector minero de la provincia, como Cerro Atajo y Capillitas. Y porque constitucionalmente somos una provincia minera. Catamarca es una de las pocas provincias, y tal vez la única en el país, donde la Constitución Provincial, en sus artículos 66, 67 y 68, expresa en forma contundente sobre la promoción de la actividad minera en nuestro territorio. Particularmente el Artículo 67  señala textualmente: “El Gobierno propenderá obligatoriamente a la extracción de los minerales y al establecimiento de plantas de concentración e industrialización mineral en las zonas estratégicas y económicas convenientes”.
Es difícil obviar  a un sector que representa más del 30% de nuestro Producto Bruto Geográfico. Un sector que coloca a nuestra provincia como la primera exportadora del NOA y la quinta a nivel nacional.  Un sector que se explica fundamentalmente en la alta mineralización de nuestro rico suelo montañoso, el cual ocupa un 80% del vasto territorio provincial. Un sector que explica mayoritariamente que en la última década Catamarca sea la provincia que más creció en la región NOA, quintuplicando a la segunda provincia que le sigue en ese ranking productivo.
En los últimos tres años, con los ingresos provenientes de regalías mineras y por la participación en las utilidades del proyecto Bajo de la Alumbrera, se realizaron importantes obras públicas, que generan un impacto multiplicador no solo en los empleos directos e indirectos, sino en facilitar infraestructura para el progreso y promoción de otras actividades productivas, de infraestructura pública, culturales o deportivas. Desde el Predio Ferial y llegando a la Maternidad; desde el Acueducto Las Pirquitas hasta la ruta Andalgalá-Belén o la huella minera a Rio Grande, en Tinogasta pasando por la construcción y  refacción de escuelas y hospitales.
Es innegable que con la contundencia y magnitud de estos números, el sector minero acapare la atención no solo de nuestro pueblo, sino que el mismo atraiga a innumerables actores políticos, mediáticos, grupos de interés y organizaciones ecologistas, algunas de ellas con intereses subalternos, que de repente parecen más preocupados por nuestra biodiversidad andina que por la contaminación fenomenal del Riachuelo, la cuenca del Rio de la Plata y el conurbano industrial bonaerense, de donde provienen.
El sector minero genera recursos fiscales que en mayor medida recauda la Nación y no la Provincia. Es sabido que de cada $ 100 de producción minera, $ 41 quedan para el Estado Nacional, por retenciones e impuestos nacionales, y solo $ 5 para la provincia y municipios. Estamos de acuerdo que se trata de una situación que debemos cambiar entre todos. Se trata de Catamarca, no de otra cosa.
Situaciones concomitantes o que han confluido en la situación vivida recientemente en Andalgalá, deben ser asumidas como una enseñanza, desde la convicción que los conflictos sociales son enemigos de cualquier desarrollo. En consecuencia, la paz, el desarrollo minero y la protección del medio ambiente, son interdependientes e inseparables para el progreso de los pueblos.
Ratificamos una vez más que la protección del medio ambiente debe constituir parte integrante del proceso de la actividad minera y nunca considerársela en forma aislada.
No habrá un verdadero desarrollo minero en Catamarca, sino incorporamos en el proceso productivo los costos ambientales y los beneficios de actividades sostenibles para las poblaciones del área de influencia directa de los proyectos y para el resto de la provincia.
Debemos sellar un pacto ciudadano creando espacios de debate y diálogo en relación al medio ambiente y con posturas consensuadas respecto del tipo de relación a mantener con la naturaleza. Con conocimiento cierto de la disponibilidad y potencialidad de recursos naturales a lo largo de todo el territorio, normativas actualizadas que enmarquen las acciones de todos los sectores con criterios de preservación ecológica y solidaridad intergeneracional.
En ese contexto, y en base a lo dispuesto por la Constitución Provincial y por la Ley Nº 4732, se convocará al Consejo Asesor Minero, auténtico espacio de debate y diálogo, como camino para llegar al pacto antes aludido.
El desarrollo minero responsable es nuestro principal objetivo en el que deben participar todos los actores: institucionales, políticos, de los sectores ligados a la producción y las comunidades locales a través del proceso de la Licencia Social, quizás el activo más importante de cualquier proyecto.
Por Licencia Social entendemos el proceso de información, conocimiento y participación de las comunidades donde se pretenden instalar proyectos mineros durante todas las etapas del mismo, sin perjuicio del cumplimiento de todas las condiciones legales y jurídicas que deben cumplimentarse ante la autoridad de aplicación.
A la par de la conformación del Consejo Asesor Minero hemos firmado recientemente el convenio con la prestigiosa Fundación Centro de Estudios Infectológicos, FUNCEI, cuyo objetivo es comprobar científicamente la relación entre enfermedades, problemas ambientales y la actividad minera en la provincia. Estos estudios, de terceras partes o independientes, tienen la posibilidad de ratificar o rectificar el accionar de contralor de la Secretaría de Estado de Minería, generando una información de base para el cierre de actividades de Minera Alumbrera y la apertura de futuros proyectos mineros en la región.
En base a lo expuesto, he instruido a la Secretaría de Estado de Minería para que, en los próximos 8 meses, termine de definir la Zonificación Minera Provincial  que tenga el carácter de un Ordenamiento Territorial – Ambiental, que compatibilice la actividad minera con las otras actividades productivas de la provincia -la agrícola - ganadera, el turismo, el patrimonio- y certifique la exclusión en forma clara y explícita de los núcleos poblacionales de nuestro territorio, tal como lo determina el Código de Minería, de la misma manera que lo están haciendo las provincias de Santa Cruz, Chubut y Salta.
Con el espíritu de mejorar la comunicación de los temas mineros, entendiendo que la población necesita conocer si los controles que realiza la empresa son periódicos, verídicos y confiables, he ordenado:  la creación de un Programa de Monitoreo Participativo Comunitario que, implica entre otras cuestiones, la participación de la comunidad en los controles ambientales; sumado a la jerarquización de la Unidad de Gestión Ambiental, UGAP, introduciendo nuevas normativas reglamentarias de competencia ambiental y la creación de las delegaciones de la Secretaría de Minería en los departamentos mineros.
También próximamente se remitirá a la Legislatura Provincial para su análisis y tratamiento un proyecto de ley destinado a la creación de Fondos de Fideicomisos, uno para ser asignado a las comunidades involucradas en las áreas primarias del proyecto para la diversificación de actividades propendiendo al desarrollo de éstas, y el restante al control minero-ambiental para las etapas del cierre de mina, de carácter temporal, progresivo, final y post-cierre.
Fuente: agencia ndc