Provinciales-Policiales Ex funcionarios y empresario, a juicio

Se los acusa de fraude a la administración pública por varios hechos. Son Córdoba Molas, Regina y Carlos Arriazu, titular de "Jóvenes en Progreso".
El juez de garantías José Antonio Carma envió a juicio por el presunto fraude a la administración pública cometido en ámbitos de la Secretaría de Desarrollo Social al ex secretario del área, Pablo Córdoba Molas; al ex director de Políticas Juveniles, Roberto Regina, y al titular de la fundación "Jóvenes en Progreso", Carlos Arriazu. En el mismo auto interlocutorio dispuso el sobreseimiento total y definitivo de Hugo Diamante, presidente de la fundación "Ideia"; del ex tesorero general de la provincia, Juan Andrés Barrios; de Nancy Madueño, Susana Beatriz de la Colina, María Cristina Barros de Voget, Guillermo López y Liliana del Valle Jalil de la Barrera, todos empleados de las áreas Desarrollo Social, Tesorería y Contaduría General de la provincia.
La resolución de Carma se conoció ayer a última hora y fue notificada a algunos de los abogados defensores. La causa llegó a esa instancia luego de ser remitida por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que apartó al ex juez de garantías Jorge Rolando Palacios -venía entendiendo en la causa- y ordenó a Carma que resuelva los planteos efectuados por los abogados defensores y por la entonces fiscal de instrucción Patricia Olmi.
s Fundamentos
La investigación por el supuestos megafraude en Desarrollo Social comenzó en 2004, al advertirse que la provincia había costeado cursos de perfeccionamiento que no se realizaron, que se llevaron a cabo sin el número de asistentes declarado o por los que se pagaron abultados sobreprecios. Además, los investigadores cuestionaron la asombrosa celeridad con que se pagaron varios expedientes de entre 130.000 y 270.000 pesos, razón por la cual empleados de las áreas Tesorería y Contaduría también fueron investigados.
Fuentes judiciales indicaron que en el auto interlocutorio elaborado por Carma, que cuenta con unas 2.800 fojas, se estableció que en el caso de los empleados no se probó que éstos hayan tenido una participación dolosa en el fraude. Por caso, el abogado Rolando Crook explicó que en su planteo recursivo sostuvo que "para ser partícipe de un delito como éste se tiene que tener conciencia y comprensión de que se está colaborando con una maniobra fraudulenta, porque en estos casos no existe la participación dolosa".
Crook detalló que a su defendida, Nancy Madueño, se le arrogaron 24 hechos de fraude, pero que el juez Carma sostuvo que sólo se probó que por sus manos pasaron cuatro expedientes que Córdoba Molas le encargó tramitar como empleada del área a su cargo.
En su momento los investigadores consideraron que el daño causado al erario provincial ascendía a unos 4,2 millones de pesos.
Resta saber ahora si el fiscal Ezequiel Walther, a quien correspondería la causa, apelará la sentencia o no.
Celeridad
Las fuentes consultadas indicaron que en el caso de los empleados del área económica, particularmente Tesorería y Contaduría, se advirtió que existió una asombrosa celeridad en los pagos por cifras abultadas, aunque los trámites se realizaron en forma correcta desde lo formal.
El ex juez de Garantías Jorge Palacios había sostenido la necesidad de profundizar la investigación en esa área e incluso pidió a la fiscal Olmi que cite como imputados a los ahora sobreseídos.
Fuente: El Ancasti