domingo, 14 de agosto de 2016

Tarifazo: El apoyo de los gobernadores y el anuncio de Aranguren

Bonelli: Macri defiende - Casi con la misma intensidad que trabajó para sellar el proyecto de ley para acordar con los buitres, el ministro del Interior Rogelio Frigerio buscó apoyo en los gobernadores para adosar de volumen político al tarifazo, a sabiendas de que por estas horas la Corte se observa todos los movimientos del Gobierno.

En ese sentido, pasado el mediodía de ayer, en Balcarce 50 resaltaban las declaraciones de los mandatarios. “Es muy importante el respaldo para que quede bien claro que la preocupación por la escasez de energía y su costo no es sólo del Presidente, sino de un grupo mayoritario de dirigentes con responsabilidad política”, razonó ante este diario un importante miembro del Gabinete, mientras repasaba los dichos de los gobernadores que, con algunos matices, respaldaron al Gobierno. ¿Qué dijeron?

“Hay que decirle la verdad a la gente: las tarifas han estado muy retrasadas todo este tiempo y no podíamos seguir de esta manera”, opinó el mendocino Alfredo Cornejo, de la UCR. El peronista entrerriano Gustavo Bordet admitió ser “consciente de que había que actualizar las tarifas” y que “era una situación que debía sincerarse”. La fueguina Rosana Bertone, también del PJ, se expresó en similar sentido y apuntó: “Quizá podemos discutir el mecanismo, pero no el sinceramiento de las tarifas”. Y el chaqueño Domingo Peppo dijo coincidir con el Gobierno en que “había que actualizarlas”.
El tema de todas las tarifas es agrandado por los adversarios del gobierno para intentar desafiar la autoridad de Macri.

Por su parte, el neuquino Omar Gutiérrez, del MPN, señaló que la medida del Presidente obedece a que “al país le falta energía”. “Esta situación se debe normalizar”, consideró.

Mientras, el peronista cordobés Juan Schiaretti recordó que “siempre” dijo “que la tarifa del gas estaba ridículamente atrasada”.

Aunque hubo apoyos esperados, como el de la bonaerense María Eugenia Vidal, el radical jujeño Gerardo Morales o el peronista salteño Juan Manuel Urtubey, a la lista se sumó uno imprevisto, el del santafesino Miguel Lifschitz, quien mantiene un duro enfrentamiento con Macri. En un claro mensaje a la Corte, el socialista estimó que “mantener el clima de incertidumbre es muy negativo” y advirtió que “no es conveniente retrotraer el cuadro tarifario establecido por el Gobierno porque sería muy complejo para las distribuidoras provinciales”.

Con todo, en el Gobierno Nacional admitían ayer que quedó desestimada la intención de adelantar la audiencia pública. “Ya no llegamos con los plazos para hacer la ‘oficial’ antes de que falle la Corte. Y la informal no tiene sentido. Además, para eso va a ir Aranguren a Diputados”, argumentaban.

Por lo pronto, el ministro brindará hoy una conferencia de prensa junto a ex secretarios de Energía, aunque en el Gobierno descartaron que implicara la posibilidad de revisar el esquema tarifario. “La idea es mostrar que escuchamos a todos”, explicaron desde el oficialismo.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, hará un anuncio este viernes junto con un grupo de exsecretarios de esa área que tuvieron bastante visibilidad por sus críticas en la materia al gobierno de Cristina Fernández. El acto fue confirmado a Urgente24 por Emilio Apud, uno de los integrantes de ese colectivo.

De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, la convocatoria está prevista para el mediodía en la sede del Ministerio de Energía y Minería, de avenida Paseo Colón 189.

Si bien no había trascendido el contenido del anuncio, se especula que tendrá que ver con la controversia desatada a raíz del aumento de las tarifas de gas.

"Se supone que rondará sobre el documento que hicimos público el grupo de exsecretarios y los puntos en común que el Gobierno tiene con el mismo", dijeron a este medio desde ese grupo.

Por su parte, otro exsecretario, Jorge Lapeña, aseguró a la agencia NA que  los anuncios "tienen que ver con la política general energética", y se negó a revelar el contenido de la conferencia de prensa.
Hay que decirle la verdad a la gente: las tarifas han estado muy retrasadas todo este tiempo y no podíamos seguir de esta manera”

"El objetivo compartido es avanzar en la formulación de políticas de estado que le agregen atractivo al sector para los inversores, se mejoren los servicios de luz y gas y se desarrollen los enormes recursos energéticos que atesora nuestro país pero que no son utilizados por falta de inversiones", dijo por su parte Apud.

Este grupo de exsecretarios, que cumplió funciones en distintos gobiernos desde el retorno a la democracia, pero no durante el kirchnerismo,  dio a conocer en los últimos días un documento en el que propone una salida política al laberinto en el que quedó atrapada la cuestión tarifaria, cuyos aumentos fueron suspendidos por la justicia, lo que deberá desenredar la Corte Suprema.

"Para los especialistas energéticos argentinos reconocidos, y particularmente para quienes componemos el grupo de Ex secretarios de energía, estuvo siempre claro que la resolución del problema del crónico atraso de las tarifas energéticas era un tema político de primera magnitud para el nuevo gobierno democrático que asumiera sus funciones el 10 de diciembre de 2015. Y un tema político de magnitud exige siempre para su solución una política de Estado", señala el documento.

Lapeña y otros exsecretarios firmantes, como Alieto Guadgani, Daniel Montamat y Raúl Olocco, participaron este jueves de una reunión con Aranguren. Lapeña sostuvo que fue una "reunión muy positiva para analizar la situación de toda la política energética".

Aranguren, por su parte, se presentará el próximo martes en el Congreso para responder sobre el tarifazo en un plenario de comisiones.
Juan José Aranguren irá con los tapones de punta a defender en el Congreso la posición política y jurídica que para la Casa Rosada justifica el tarifazo. El ministro ya recibió la orden del propio Presidente: sostener –y no aflojar– los argumentos centrales de la polémica forma como se ajustaron los servicios. El gobierno reafirmará en especial la decisión de no hacer una audiencia pública para evaluar los ajustes de la luz y el gas. Insistirá en que no corresponde legalmente.

La decisión política la adoptó Mauricio Macri porque –en la intimidad– sostiene que la oposición busca armar un escándalo con las tarifas para afectar su credibilidad y condicionar su propio mandato. El Presidente mantuvo múltiples encuentros reservados con Marcos Peña, Aranguren, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. También hubo consultas con Jaime Durán Barba.

Contundente, la conclusión política fue la siguiente: el tema de todas las tarifas es agrandado por los adversarios del gobierno para intentar desafiar la autoridad de Macri y así poner en un brete a toda su gestión.

El Presidente dice que tiene informes de inteligencia de que la conflictiva situación está exacerbada por los críticos, porque es el único flanco débil de su programa. En otras palabras, afirma que quieren mantener el conflicto y provocarle una derrota política como una manera de demorar la recuperación de la economía. El equipo presidencial tiene una convicción: que una vez superada la pelea por el tarifazo, la oposición no tendrá tema real para atacar al gobierno. Macri también defiende a ultranza la posición, porque, como adelantó Clarín, fue él mismo –y no Aranguren– quien resolvió junto a su equipo íntimo llevar adelante el tarifazo sin mucha anestesia. Se trata del mismo grupo de funcionarios que en el verano desechó un plan más gradual que elevó el propio Aranguren y que después cometió serias equivocaciones que derivaron en ocho meses de debate público. Estos fueron los errores: –Nunca explicaron la magnitud de la crisis energética que heredaron. Todo está al borde del colapso y del corte de servicios.

–No fundamentaron por qué había que subir las tarifas en esa magnitud.

–Postergaron la idea original de aumentar el gas en el verano, cuando no tenía impacto en las boletas y era más digerible.

–Aplicaron el tarifazo en invierno, en el peor momento para la gente: con alta inflación y una fuerte caída del salario.

La dureza de Macri frente al problema evitó, hasta ahora, que avancen posiciones más flexibles y negociadas. Hay muchos dentro de Cambiemos que consideran atinado llamar a la audiencia pública y replantear todo de nuevo para corregir los errores. La abanderada es Elisa Carrió –molesta porque la quieren bloquear en el entorno del Presidente–, pero también los propios radicales. Varios ministros piensan igual. Esos cambios también se propician para destrabar posiciones de una Corte Suprema que hasta anoche se mostraba intransigente con la Casa Rosada.

En la Quinta de Olivos –el último fin de semana– existía la superficial y errónea convicción de que el martes pasado la Corte habilitaría un camino favorable para llevar adelante el tarifazo. En eso confiaba la influyente dupla Quintana-Lopetegui. Pero la realidad fue otra: la Corte no les facilitó nada.

La actitud del Tribunal ocurrió a pesar de que llegaron versiones alarmistas. Una que circuló sin fundamento decía que Federico Sturzenegger –el guardián monetario– podría irse del BCRA, porque nunca va a aprobar emitir 80.000 millones de pesos para cubrir un freno al alza de las tarifas. En la Corte prevalece la idea de obligar al Gobierno a hacer lo que Macri precisamente no quiere: exigir que se cambie de actitud y blanqueen el tarifazo a través de una audiencia pública con derecho a críticas.

En la cúpula del poder se sostiene que Horacio Rosatti tiene la posición más combativa y que Ricardo Lorenzetti aprovecha la situación para “correrle el arco” a los funcionarios macristas. Urgido ahora, el oficialismo actuó para acelerar los tiempos de Carlos Rosenkrantz: asumiría el martes y participará el próximo jueves de la acordada de la Corte. Aranguren tendrá ese martes una prueba de fuego al enfrentar a los diputados. Su línea argumental será la siguiente: –Argentina está al borde del crac energético por culpa de Cristina Kirchner.

–El aumento se hizo dentro de un marco de total legalidad.

–Los fallos en contra son “una aberración jurídica”.

–En casos como éste la Constitución no habla de audiencias públicas y, además, la Justicia no debe fijar tarifas.

Aranguren desea que en plenario de diputados se encuentre Julio De Vido, como jefe de la comisión de Energía. Su presencia le facilitaría las cosas políticamente, porque el ex ministro es el responsable directo de la crisis energética.

El Congreso ha tomado un fuerte protagonismo. El Senado envió una nota oficial a la Auditoría General de la Nación para que ahora fiscalice a YPF. En el texto de la comunicación se exige que la AGN revise todo lo actuado en materia de compras, inversiones, suculentos honorarios a los directores y hasta los fabulosos gastos de promoción y publicidad de los últimos años. La nota cayó como una bomba de tiempo.

Algo parecido sucedió en la AFIP: increíblemente, un juez ordenó reponer en su cargo a un hombre que actuó con Ricardo Echegaray y se encuentra procesado por el escándalo de Ciccone. Se trata del abogado Rafael Resnick Brenner. Se lo responsabiliza de encontrar los argumentos legales para darle un plan de facilidades de pago a Ciccone, después de que Amado Boudou se apropió de la fabrica de hacer billetes.
Marcelo Bonelli

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