Poniendo en Blanco Sobre Negro La Cuestión Minera

Tal vez las opiniones de los actores directos de la Actividad Minera, sirvan para conformar en el imaginario de la clase dirigente un escenario, claro preciso concreto con información fehaciente sobre la actividad, y no conceptos de ocasión, que la falta de formación o la molicie dirigencial alienta. Un excelente reportaje a un Profesional Argentino, que aporta día a día a la generación de riqueza.Mario Hernández es vicepresidente del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (Gemera), y directivo de Minas Argentinas, subsidiaria de la canadiense Yamana Gold que opera Gualcamayo, en San Juan. En una nota de Roberto Mendoza especial para La Opinión Austral, recogida por MyDeC, se dialogo sobre la actualidad minera, la cuestión fiscal y la demonización de la actividad.

Cuando la revista Panorama Minero entregó un reconocimiento a Gemera por su labor institucional, su presidente, Julio Ríos Gómez dijo que lo aceptaba “con los dientes apretados”. ¿Qué opina de esa frase?

Interpreto en sus palabras, un reflejo de su espíritu de lucha permanente, por estar defendiendo, divulgando e informando acerca de nuestra actividad. La industria ha sido demonizada, por cuestiones políticas básicamente, desde la Capital Federal, y no desde aquellos lugares donde la minería metalífera se instala. En el imaginario popular de la gente que vive en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires, se piensa en una fábrica tirando desechos a un río. Estas concepciones de la industria en general, de por sí contaminante, la proyectan sobre la minería. Pero no es así. La minería es altamente competitiva. No olvidemos que la Ley de Impacto Ambiental Minero nació antes que la Ley General del Ambiente, es decir que contó antes con su propia normativa, que por otra parte define valores más duros y rígidos que los niveles que establece el Banco Mundial, y esto no es casualidad. Las exigencias sobre calidad ambiental minera que tienen las leyes en la Argentina son muy estrictas. Y más estrictas aún son las propias compañías con su normativa interna, ya que incluso van más allá de lo que establece la ley.

¿Y esa exigencia interna por qué se da?

Es que una empresa que tiene buenos valores en índices de seguridad y buenos indicadores ambientales, es una empresa que vale más para el mercado, es más confiable para los accionistas y puede crecer de manera sustentable. En este negocio, si no se trabaja con una fuerte protección ambiental y con un fuerte cuidado por la seguridad y la integridad de las personas y de las comunidades que los rodean, no se puede existir.

Esta diferencia, justamente, que marca una línea de base quizás muy alta, es resistida por otras actividades. Por ejemplo, en San Juan, a partir de las plantas de tratamiento de aguas y el manejo de residuos que aplicó nuestro proyecto de Gualcamayo, se elevaron los estándares que se les pedía a otras actividades, como una bodega, por ejemplo. Entonces, empezaron a culpar a la minería sobre las exigencias ambientales que empezaron a regir.

Por otro lado, no sólo tenemos todos los trabajadores en blanco, sino que además perciben los mejores sueldos del país. Esto molesta mucho, porque la gente reacciona. No hace mucho salió un informe económico que decía que en el país el 58% de la gente está empleada en blanco, un 23% es cuentapropista y el resto son empleados en negro. Nosotros no tenemos gente en negro, ni las compañías ni las empresas de servicios, porque es una exigencia ineludible. También tenemos buenas obras sociales, sistemas de premios por la productividad, etc., que no existen en otras actividades industriales.

¿Cuáles cree que son las razones para demonizar a la minería?

Justamente, la competencia salarial, los estándares de seguridad, los niveles de protección ambiental, el uso de energía. Por ejemplo, Gualcamayo utiliza la mitad de la energía que usa el edificio del Centro Cívico de la provincia de San Juan. Y lo mismo con el agua; por ejemplo, la tasa de riego en San Juan es de un litro por segundo, por hectárea bajo riego. Nosotros estamos utilizando agua como para regar 70 hectáreas, pero tenemos mil empleos directos y tres mil indirectos, y es imposible que una finca de 70 hectáreas tenga ese nivel de empleo. Lo que quiero explicar es que hay muchísimas industrias que, al ser comparadas con la minería, muestran una clara ineficiencia en la administración de los recursos humanos, económicos y ambientales, y de allí nace gran parte de la oposición a la actividad.

¿Cómo es el tema de la carga impositiva?

El 70% de las exportaciones de San Juan son mineras, es decir, más de u$s 800 M, de los cuales el Gobierno Nacional se lleva 400 millones. De allí que nosotros sostenemos que la distribución de la recaudación impositiva está distorsionada. Por ejemplo, la producción de doré, es decir oro y plata, paga entre 52 y 55% de impuestos sobre la producción neta. Esto es un valor muy fuerte, que indica que tenemos al Estado como un socio con más del 50%.

¿La distorsión es ese porcentaje que va a impuestos?

No. El tema es que el 43% de la producción se la lleva el Gobierno Nacional a través de los distintos impuestos, como retención a las exportaciones, IVA, impuesto a los cheques, Ganancias, Bienes Personales, siendo que los recursos son de las provincias, que se quedan solamente con el 9%, y a su vez, el departamento donde está el emprendimiento que produjo ese tributo, recibe sólo el 3% en el caso de San Juan, y nada en algunas provincias. Es decir que hay un gran desequilibrio de la distribución, a lo que se suma que no hay una relación directa entre coparticipación y recaudación nacional. Esa es la cuestión que hay que replantearse. Nosotros propusimos que si el problema son las regalías, habría que sacar impuestos nacionales y aumentarlas, porque éstas son provinciales y se distribuyen al departamento donde está la mina, pero mientras sea el Estado Nacional el que más recaude, no se verá en las comunidades que están alrededor.

Además, no hay que olvidar que a aquellas provincias que prohibieron en sus territorios la minería y apostaron a no crecer, a no producir, igual les llega la coparticipación de lo que tributa nuestra industria. Yo entiendo las condiciones de equilibrio social, pero una buena distribución de los impuestos haría regresar a las provincias a mucha gente que se fue a vivir a Buenos Aires, porque tendrían más posibilidades. No vemos que de ese 43% que recibe la Nación aparezcan planes de industrialización, de instalación de polos tecnológicos, etc., en las comunidades que lo generan.

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