jueves, 5 de noviembre de 2009

Nacionales - Política: Mafia de los medicamentos: diez detenidos en 53 allanamientos

Los operativos fueron ordenados por del juez Oyarbide, en el marco de la causa por la comercialización de remedios adulterados. Se realizaron en la Ciudad, el GBA y en otras cuatro provincias. Uno fue en un sindicato
Crédito: Télam
Diez personas fueron detenidas, entre ellos un prestigioso oncólogo, su hijo comerciante y dos directores médicos de laboratorios, en 53 allanamientos simultáneos realizados ayer en el marco de la causa por tráfico de medicamentos adulterados o vencidos que investiga el juez Norberto Oyarbide.

Treinta y tres allanamientos se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, 16 en el conurbano y uno por ciudad en Salta, Rosario, Mar del Plata y Bahía Blanca, donde se secuestraron fármacos vencidos, adulterados, troqueles de medicamentos, documentación y unas 40 computadoras, informó una fuente policial.

En los procedimientos se allanaron droguerías, farmacias, laboratorios, comercios, casas particulares y una obra social, donde además de los medicamentos vencidos, supuestamente adulterados y troqueles falsos, se secuestró documentación comercial y unas 40 computadoras con abundantes datos.

La fuente destacó que la detención del médico oncólogo y su hijo comerciante se realizó en la ciudad de Buenos Aires y que uno de los directores médicos arrestado es de un laboratorio situado en Basualdo al 800, también de la Capital Federal.

Los detenidos quedaron incomunicados y se espera que sean indagados por el magistrado desde hoy, detalló una fuente judicial, que añadió que estos allanamientos son complementarios de otro realizado la semana pasada en una obra social de la provincia de Catamarca, donde se incautaron 250 medicamentos vencidos.

En la causa figura como uno de los principales imputados el titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, quien aún no fue llamado a declaración indagatoria, aunque ya obtuvo la exención de prisión, con una caución de tres millones de pesos, y en similar situación está su pareja, Paula Aballay, con una fianza de un millón de pesos.

El 11 de este mes, la Cámara Federal realizará una audiencia para comenzar a resolver un nuevo pedido de apartamiento de Oyarbide de la causa. El pedido provino esta vez del ex gerente de la Obra Social bancaria, Claudio Ferrari, a raíz de declaraciones hechas por el juez a la prensa sobre la pesquisa y su persona.

El tribunal de apelaciones ya rechazó un planteo similar hecho por Zanola, el mes pasado, y confirmó a Oyarbide en la causa, lo que fue apelado por la defensa del sindicalista y que ahora debe resolver la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país.

En la investigación ya estuvo detenido por 24 horas y luego excarcelado Néstor Lorenzo, dueño de las droguerías San Javier y Multipharma, sospechadas de haber vendido a obras sociales remedios falsificados o vencidos para el cáncer, sida y otras enfermedades, quien no fue llamado a declarar pero se le prohibió salir del país.

Si bien en principio la pesquisa se centró en el suministro de remedios a afiliados a la Bancaria, la causa se amplió a otras 50 obras sociales sindicales que operaron con éstas y otras droguerías sospechadas. Entre las obras sociales investigadas por supuesto suministro de remedios robados o falsos están la Obra Social para la Actividad Docente y las del sindicato de mecánicos y de Lotería y Casinos.

La investigación por la provisión de medicamentos adulterados o vencidos a pacientes de obras sociales surgió tras la denuncia que realizó el año pasado un médico de la Bancaria, quien notó que uno de los medicamentos oncológicos que recetaba no tenía las mismas características del original. La causa se reavivó en septiembre pasado cuando a través de escuchas telefónicas surgió el nombre de Néstor Lorenzo, asociado a Zanola y al ex Superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli.

Al mismo tiempo, Oyarbide ordenó allanamientos en el policlínico bancario, donde se descubrieron remedios adulterados y vencidos y cuyo personal denunciaba maltrato psicólogico y abuso de autoridad.

La fiscalía, a cargo de Luis Comparatore, y el juzgado de Oyarbide comenzaron a recibir numerosas denuncias de personas que recibieron remedios supuestamente adulterados en esa obra social, y luego se amplió el listado de esas entidades a todas las que le compraban medicamentos a las droguerías de Néstor Lorenzo. El gobierno nacional decretó la intervención de la obra social bancaria para facilitar la investigación de Oyarbide, quien ordenó numerosos allanamientos.

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