De acuerdo con la información a la que tuvo acceso este diario, a primera hora de la madrugada de ayer el comisario Mayor Orlando Moreyra, subjefe de la Policía de la provincia -a cargo de la fuerza por licencia del comisario Juan Palomeque-, se comunicó con la comisaría departamental de Andalgalá y le habría solicitado que se hicieran presentes en el predio donde desde el viernes pasado se desarrollaba el Festival de El Fuerte.
La presencia consistía en dar cumplimiento a la Ley N 2238: “Prohibición de juegos de azar” y proceder como órgano de aplicación al secuestro del premio.
En la orden telefónica, supuestamente el subjefe de Policía habría invocado a otras autoridades de la cartera de seguridad para su cumplimiento, pero la medida no se materializó por una cuestión burocrática, puesto que para dirigirse al predio donde se desarrollaba el festival, se le pidió una orden por escrito a Moreyra, quien en un principio se habría negado, pero finalmente habría accedido.
Sin embargo, para cuando esto sucedió, el sorteo en el festival ya se había realizado.
De esta forma, el jefe comunal ninguneó la institución que regula los juegos y llevó adelante la rifa del festival, comprometiendo a las autoridades locales de la Policía, quienes habrían intentado advertirle de la irregularidad, redobló la apuesta y procedió a entregar los premios aprovechando el clima festivalero.
Voceros consultados por este diario señalaron que la orden consistía en llegar hasta el festival, entrevistarse con el intendente Alejandro Páez y proceder al secuestro de la moto y los números que supuestamente habían sido entregados al público para el sorteo, situación que violaba la ley antes referida.
Dichas irregularidades en el festival motivaron la preocupación de los efectivos que se desempeñan en “La Perla del Oeste”, quienes pagarían las consecuencias por no hacer cumplir la ley por un trámite burocrático.
“El sorteo no tenía autorización”
Al respecto del episodio y como fue una de las autoridades invocadas en la emisión de la orden, este diario se entrevistó con el subsecretario de Seguridad, Juan Pablo Morales, quien negó categóricamente que se fuera a tomar algún tipo de medida sancionatoria en contra del personal policial, aunque reconoció la existencia del llamado telefónico.
“Se les pidió que fueran al festival, se entrevistaran con el intendente, quien tenía a cargo la organización del evento, se le hiciera conocer la prohibición que prevé la Ley 2238 y se consultara si tenía autorización o no de Capresca”, señaló Morales, quien negó la existencia de una “orden de procedimiento”.
“El sorteo no tenía autorización de Capresca, pero ya se había realizado también la noche del viernes y del sábado”, agregó el funcionario.
Consultado al respecto sobre una posible medida en perjuicio de los policías, el subsecretario de Seguridad negó tal sanción, pero aclaró que la misma no era de su competencia.
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