Socios por necesidad, la Argentina y Bolivia –la primera tiene el consumo y la segunda el gas para abastecerlo– van camino a establecer un sistema de garantías recíprocas para traer más gas desde la nación vecina hasta el sistema de TGN, la transportadora de gas que abastece la zona norte del país.
En esa línea trabajan técnicos del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, y sus pares bolivianos. El objetivo es que la presidenta Cristina Fernández firme el acuerdo junto a Evo Morales el próximo 22 de enero, cuando el presidente boliviano estrene su nuevo mandato. En Planificación, sin embargo, no pueden asegurar que esa fecha se cumpla. “Estamos pensando en una adenda al contrato que está firmado por 20 años, porque Bolivia no garantizó el gas y ellos se quejan de que la Argentina demoró algunos pagos”, explicaron allegados a De Vido. Las fuentes remarcaron que “no se está hablando sobre modificaciones en los precios”. Sucede que el valor del gas boliviano –se calcula en base a una canasta de productos energéticos y ronda los u$s 6 el millón de BTU– triplica el precio del mercado local y fue uno de los grandes puntos de discusión cuando se firmó el acuerdo original, en 2006.
En las últimas semanas, se incrementaron las reuniones entre equipos técnicos de ambos países. Autoridades de uno y otro lado de la frontera están de acuerdo en dos puntos: la Argentina debería sufrir multas en caso de atraso en los pagos y Bolivia tendría que aplicar descuentos a los valores de venta del fluido si no alcanza a enviar los volúmenes pactados.
En 2006, cuando en la Argentina se hacía cada vez más evidente que la energía propia no alcanzaba para alimentar el crecimiento de la economía, ambos gobiernos establecieron un plan para que Bolivia enviara 7 millones de metros cúbicos (m3) diarios. Sin embargo, nunca alcanzó esos niveles. El convenio, además, estableció que en 2011 debía estar construido un nuevo gasoducto con capacidad para transportar entre 16 y 27 millones de m3 por día, un proyecto que aún no comenzó. Aunque no lo dicen en voz alta, en el Gobierno argentino tienen grandes dudas de que Bolivia pueda cumplir con los compromisos. Por caso, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, una entidad que reúne a la mayoría de las petroleras privadas de ese país –fueron estatizadas pero tienen porcentajes en las empresas– establece que la producción de gas del país cayó el año pasado casi 13%, de 42 a 36,6 millones de m3. Y por otro lado informó que el país deberá recibir unos u$s 2.000 M para cumplir con sus compromisos de exportación, una cifra difícil de reunir para una economía estatizada. En esa línea, en la estatal argentina Enarsa trabajan en el proyecto de un nuevo gasoducto para abastecer a las provincias del noreste en caso de que Bolivia no cumpla con lo pautado. Pero de acuerdo con los planes actuales, una vez que la Presidenta y Morales firmen la adenda ambos países abrirán la licitación para la construcción de un nuevo ducto en el norte del país. Se llamará Gasoducto de Integración y, de acuerdo con Planificación, “posibilitará incrementar los volúmenes que luego abastecerán al nuevo Gasoducto del Noreste (GNEA), el cual brindará gas natural a las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero, que hoy no cuentan con ese fluido”. (El Cronista, Buenos Aires)
En esa línea trabajan técnicos del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, y sus pares bolivianos. El objetivo es que la presidenta Cristina Fernández firme el acuerdo junto a Evo Morales el próximo 22 de enero, cuando el presidente boliviano estrene su nuevo mandato. En Planificación, sin embargo, no pueden asegurar que esa fecha se cumpla. “Estamos pensando en una adenda al contrato que está firmado por 20 años, porque Bolivia no garantizó el gas y ellos se quejan de que la Argentina demoró algunos pagos”, explicaron allegados a De Vido. Las fuentes remarcaron que “no se está hablando sobre modificaciones en los precios”. Sucede que el valor del gas boliviano –se calcula en base a una canasta de productos energéticos y ronda los u$s 6 el millón de BTU– triplica el precio del mercado local y fue uno de los grandes puntos de discusión cuando se firmó el acuerdo original, en 2006.
En las últimas semanas, se incrementaron las reuniones entre equipos técnicos de ambos países. Autoridades de uno y otro lado de la frontera están de acuerdo en dos puntos: la Argentina debería sufrir multas en caso de atraso en los pagos y Bolivia tendría que aplicar descuentos a los valores de venta del fluido si no alcanza a enviar los volúmenes pactados.
En 2006, cuando en la Argentina se hacía cada vez más evidente que la energía propia no alcanzaba para alimentar el crecimiento de la economía, ambos gobiernos establecieron un plan para que Bolivia enviara 7 millones de metros cúbicos (m3) diarios. Sin embargo, nunca alcanzó esos niveles. El convenio, además, estableció que en 2011 debía estar construido un nuevo gasoducto con capacidad para transportar entre 16 y 27 millones de m3 por día, un proyecto que aún no comenzó. Aunque no lo dicen en voz alta, en el Gobierno argentino tienen grandes dudas de que Bolivia pueda cumplir con los compromisos. Por caso, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, una entidad que reúne a la mayoría de las petroleras privadas de ese país –fueron estatizadas pero tienen porcentajes en las empresas– establece que la producción de gas del país cayó el año pasado casi 13%, de 42 a 36,6 millones de m3. Y por otro lado informó que el país deberá recibir unos u$s 2.000 M para cumplir con sus compromisos de exportación, una cifra difícil de reunir para una economía estatizada. En esa línea, en la estatal argentina Enarsa trabajan en el proyecto de un nuevo gasoducto para abastecer a las provincias del noreste en caso de que Bolivia no cumpla con lo pautado. Pero de acuerdo con los planes actuales, una vez que la Presidenta y Morales firmen la adenda ambos países abrirán la licitación para la construcción de un nuevo ducto en el norte del país. Se llamará Gasoducto de Integración y, de acuerdo con Planificación, “posibilitará incrementar los volúmenes que luego abastecerán al nuevo Gasoducto del Noreste (GNEA), el cual brindará gas natural a las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero, que hoy no cuentan con ese fluido”. (El Cronista, Buenos Aires)
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