Por falta de recursos, la Secretaría de Minería no puede cumplir con el control de todas las zonas. El presupuesto para la Secretaría de Minería representa sólo el 0,7% del tota. Fuente: El Ancasti
Según datos proporcionados por fuentes oficiales, existen alrededor de 1.500 áreas mineras que ya fueron concesionadas en el territorio provincial. Desde el juzgado de Minas confirmaron que hoy son bastante menos las que están en actividad, porque fueron abandonadas o porque caducaron los pedimentos realizados. De todos modos, la Secretaría de Minería no cuenta con los recursos suficientes para ejercer el control del trabajo que se realiza en cada una de las áreas concedidas. En la actualidad, el organismo responsable de las inspecciones cuenta con sólo 50 personas para cumplir la fiscalización. Y aunque se declama que la minería es política de Estado, lo cierto es que la Secretaría de Minería sólo representa el 0,7% del presupuesto de la provincia.
Las áreas mineras son concedida por el juez de Minas, Guillermo Cerda, a través de una sentencia. Según la legislación vigente- el Código de Minería- los concesionarios tiene un plazo determinado por el juez en su sentencia en la que deben cumplir con la presentación de informes varios y dar cuenta del progreso de la actividad. La Secretaría de Minería tiene la obligación de fiscalizar y elevar la información al juez . En la práctica, lo que ocurre es que los concesionarios logran escapar de los controles porque los recursos de la Secretaría de Minería no son suficientes para controlar 1500 áreas mineras.Así en los dos últimos años disminuyó la frecuencia de los controles por razones presupuestarias y por el costo que implica enviar comisiones al interior.
Como ya lo expresó EL ANCASTI, esta situación dio lugar a la especulación de algunos "aventureros" ya que cualquier particular puede solicitar un pedimento que ha descubierto. "Siempre se ha especulado es una actitud que la conocemos pero a la larga, en el transcurso de un año o dos, ese especulador que puede haber pedido una zona para tratar de venderla a alguna empresa que tenga capital, se le puede caer el pedimento sino ha cumplido con todas las obligaciones",indicó Cerda.
Las áreas mineras son concedida por el juez de Minas, Guillermo Cerda, a través de una sentencia. Según la legislación vigente- el Código de Minería- los concesionarios tiene un plazo determinado por el juez en su sentencia en la que deben cumplir con la presentación de informes varios y dar cuenta del progreso de la actividad. La Secretaría de Minería tiene la obligación de fiscalizar y elevar la información al juez . En la práctica, lo que ocurre es que los concesionarios logran escapar de los controles porque los recursos de la Secretaría de Minería no son suficientes para controlar 1500 áreas mineras.Así en los dos últimos años disminuyó la frecuencia de los controles por razones presupuestarias y por el costo que implica enviar comisiones al interior.
Como ya lo expresó EL ANCASTI, esta situación dio lugar a la especulación de algunos "aventureros" ya que cualquier particular puede solicitar un pedimento que ha descubierto. "Siempre se ha especulado es una actitud que la conocemos pero a la larga, en el transcurso de un año o dos, ese especulador que puede haber pedido una zona para tratar de venderla a alguna empresa que tenga capital, se le puede caer el pedimento sino ha cumplido con todas las obligaciones",indicó Cerda.
COSTOS Y PLAZOS
Para solicitar la exploración de un área minera recién descubierta, se pagan $ 250. Si se solicita una mina abandonada, $ 50.
El concesionario tiene un año y medio para iniciar la exploración a partir de la toma de posesión.
La unidad de exploración mínima es de 100 hectáreas. El plazo para explorar se incrementa de acuerdo a la cantidad de territorio. Se estima que puede ser de hasta cinco años.
Cuando se trata de una mina, el plazo se agota cuando se agota el mineral, siempre que se cumpla la legislación.
El concesionario tiene un año y medio para iniciar la exploración a partir de la toma de posesión.
La unidad de exploración mínima es de 100 hectáreas. El plazo para explorar se incrementa de acuerdo a la cantidad de territorio. Se estima que puede ser de hasta cinco años.
Cuando se trata de una mina, el plazo se agota cuando se agota el mineral, siempre que se cumpla la legislación.
EL TRÁMITE
El pedido por la exploración de un área minera se inicia en el Juzgado Electoral y de Minas. El magistrado es la autoridad que concede y que caduca los pedidos en caso de incumplimiento. Cualquier particular puede iniciar el trámite, ya que el Código de Minería no establece mayores requisitos. El interesado debe presentar una muestra del material hallado y la documentación con la identificación de la zona mediantes coordenadas para realizar la exploración y eventual explotación.
La documentación se gira a Dirección de Minería. Los organismos técnicos asesoran al Juzgado y establecen si la zona pedida esté libre y no tiene obstáculos para la exploración tales como ser una zona urbana. También determinan mediante análisis si se encontró el mineral que se denuncia.
En base al informe técnico de Catastro Minero, el juez concede el área o no de acuerdo a la viabilidad. Dicta una sentencia en la que establece plazos. Y ordena la publicación en el Boletín Oficial.
También se fija el canon que deberá pagar el concesionario, que tiene un plazo de un año, aproximadamente, en el que debe presentar el informe de impacto ambiental y un plan de trabajo en el que especifique que capital invertirá y cuáles serán las obras que realizará en el área.
Cuando se aprobaron todos los informes anteriores recién puede iniciar la prospección, exploración y explotación.
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