Se trata de Silvia Majdalani quien está siendo investigada por el "robo y usurpación" del complejo "Mina Capillitas", ubicado en el departamento de Andalgalá, que pertenece a Fabricaciones Militares, a raíz del incumplimiento de un contrato de exploración y explotación minera firmado durante la década de los '90.
La diputada nacional por el PRO Silvia Majdalani está siendo investigada por presunto "robo y usurpación" de un predio que pertenece a Fabricaciones Militares, a raíz de un contrato de exploración y explotación minera firmado durante el gobierno de Carlos Menem.
Así se desprende de documentación que da cuenta de que Majdalani aparece imputada por su participación en la empresa Minera Andina S.A., que en diciembre de 1991 firmó un convenio con Fabricaciones Militares (DGFM) por la exploración y eventual explotación minera del complejo "Mina Capillitas", ubicado en el departamento de Andalgalá.
La investigación está a cargo de la Justicia Federal de Catamarca.
En la causa 28.084 "se investiga la conducta de los responsables de Víctor M. Contreras y Cía. S.A. y de su controlada Minera Andina S.A. -que contaba en su órgano ejecutivo con... Majdalani-, tras la resolución del contrato que celebraron con DGFM" el 10 de diciembre de 1991.
"Frente al incumplimiento de las obligaciones pactadas -pues a criterio de la DGFM, no se habría superado siquiera la primera etapa- esta entidad no sólo vedó la autorización para que Minera Andina S.A. comenzase la segunda de las etapas previstas -explotación- sino que el 3 de diciembre de 1998 dispuso unilateralmente la resolución del contrato mencionado; decisión que fue confirmada por el Ministro de Economía de la Nación el 3 de diciembre de 2002", sostiene una resolución de la Cámara Federal porteña.
Sin embargo, "las firmas integradas por los imputados, habrían continuado ocupando el predio minero hasta el mes de febrero de 2007 y además lo habrían explotado desde la suscripción del contrato al que se viene haciendo referencia, es decir, desde el 10 de diciembre de 1991, cuando, como se dijo, ello sólo podía ser llevado a cabo -conforme sus cláusulas- previa autorización de la DGFM".
El material extraído de ese predio es "rodocrosita" o "Rosa del Inca", una piedra preciosa considerada en el ámbito minero como la "piedra nacional argentina".
Majdalani y otros imputados habían sido sobreseídos en primera instancia por el juez federal Norberto Oyarbide, pero el 10 de setiembre pasado la Sala Segunda de la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocó la medida.
Para ello, tomó en cuenta que el 18 de abril de 2006 el predio catamarqueño fue desalojado por disposición de un tribunal en lo Civil y Comercial federal, y atento a que "no puede descartarse que dicha ocupación sea constitutiva de privación de la ocupación del predio a su propietario es decir, de despojo, bajo la modalidad de abuso de confianza".
Esa figura está contemplada en el artículo 181 del Código Penal, bajo el título de "usurpación", y contempla penas de entre seis meses y tres años de cárcel.
Los camaristas tampoco descartaron que el delito en que pudieron haber incurrido los imputados fuera "apoderamiento ilegítimo de cosa mueble ajena con fuerza en las cosas para lograr su perpetración", identificado en el Código Penal en el artículo 164 bajo el título de "Robo" y reprimido "con prisión de un mes a seis años".
El 22 de diciembre pasado, la Cámara Federal porteña avaló la declaración de "incompetencia" del juez Oyarbide, de modo tal que la investigación estará ahora a cargo de la Justicia Federal de Catamarca. Fuente: Catamarcactual
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