Luiz Inácio Lula da Silva anunció hoy que enviará al Congreso un proyecto de ley destinado a endurecer las penas para los culpables de corrupción, que se convertiría en un delito sin fianza.
En un discurso pronunciado con ocasión del Día Internacional contra la Corrupción, Lula afirmó que esa medida permitiría reducir la sensación vigente en la sociedad según la cual los políticos corruptos no son castigados.
"Hoy la gente ve que el tipo que roba un pan va a la cárcel y que el que roba un millón no va a la cárcel. Espero que el Congreso discuta y apruebe esa ley, que involucra a todas las instancias de poder en Brasil. Puede ser que no solucione (el problema de la corrupción), pero, si el Congreso la aprueba, quizá podamos empezar a transmitir a la sociedad la idea de que no hay impunidad", afirmó.
El texto enviado hoy al Congreso fue elaborado por la Contraloría General de la Unión (CGU), cuyo titular, Jorge Hage, anticipó que, por la propuesta, las penas para los corruptos "llegan a duplicarse en algunos casos".
El texto establece, por ejemplo, una condena mínima a ocho años de cárcel para gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, concejales y dirigentes de empresas estatales culpables de actos de corrupción, y abre la posibilidad de que los sospechosos de irregularidades cumplan una pena de arresto temporal de hasta 60 días.
A lo largo de las últimas décadas, Brasil fue escenario de sucesivos escándalos de corrupción, casi siempre involucrando a altas autoridades.
El propio presidente Lula fue salpicado por un escándalo en 2005, cuando se hicieron públicas denuncias de que los dirigentes de su Partido de los Trabajadores (PT) pagaban sobornos a legisladores de partidos aliados, a cambio de su apoyo en los proyectos gubernamentales del Congreso.
Fuente: DPA
En un discurso pronunciado con ocasión del Día Internacional contra la Corrupción, Lula afirmó que esa medida permitiría reducir la sensación vigente en la sociedad según la cual los políticos corruptos no son castigados.
"Hoy la gente ve que el tipo que roba un pan va a la cárcel y que el que roba un millón no va a la cárcel. Espero que el Congreso discuta y apruebe esa ley, que involucra a todas las instancias de poder en Brasil. Puede ser que no solucione (el problema de la corrupción), pero, si el Congreso la aprueba, quizá podamos empezar a transmitir a la sociedad la idea de que no hay impunidad", afirmó.
El texto enviado hoy al Congreso fue elaborado por la Contraloría General de la Unión (CGU), cuyo titular, Jorge Hage, anticipó que, por la propuesta, las penas para los corruptos "llegan a duplicarse en algunos casos".
El texto establece, por ejemplo, una condena mínima a ocho años de cárcel para gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, concejales y dirigentes de empresas estatales culpables de actos de corrupción, y abre la posibilidad de que los sospechosos de irregularidades cumplan una pena de arresto temporal de hasta 60 días.
A lo largo de las últimas décadas, Brasil fue escenario de sucesivos escándalos de corrupción, casi siempre involucrando a altas autoridades.
El propio presidente Lula fue salpicado por un escándalo en 2005, cuando se hicieron públicas denuncias de que los dirigentes de su Partido de los Trabajadores (PT) pagaban sobornos a legisladores de partidos aliados, a cambio de su apoyo en los proyectos gubernamentales del Congreso.
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