El órgano deliberativo se anticipa a la posibilidad de que la Cámara de Diputados modifique la normativa que rige la distribución de las regalías mineras. Aseguran que el Tribunal de Cuentas no debería tener injerencia en el control de los gastos.
El Concejo Deliberante de Andalgalá aprobó una ordenanza que promete levantar mucha polvareda. El ex edil Carlos Haddad anticipó su postura contraria.
El Concejo Deliberante de Andalgalá aprobó un proyecto de resolución, en el que “se solicita al Ejecutivo municipal adopte medidas legales y/o administrativas pertinentes ante la supuesta sanción de una ley que vulnere los derechos reconocidos y garantizados del municipio”.
En la práctica, lo que los ediles expresan con esta normativa, que surgió de un proyecto consensuado entre todos los bloques, es que la Ley de Distribución de regalías mineras es anticonstitucional y exhortan a los legisladores provinciales que avancen en su modificación.
Defensa municipal
El fiscal municipal de esa comuna, Daniel Farroni explicó que “se propicia el estudio de la factibilidad de una correcta y concordante aplicación de los artículos de la Constitución provincial, el art. 68 que establece el derecho a percibir de los cánones de regalías mineras con el art 244 y siguientes que establece las autonomías municipales”.
Según Farroni, en el marco de ese análisis de esta concordancia entre los artículos de la Constitución de la provincia, es que el Concejo Deliberante ha emitido una resolución donde pide que el Ejecutivo avance en la defensa de los derechos del departamento Andalgalá, instrumento con el cual se estudian futuras presentaciones, en las que considerarán se sumarán otros municipios que conllevan el mismo problema en el manejo de los fondos mineros y que en último caso la situación se dirimirá en la Corte de Justicia.
En particular, el funcionario sostiene que la Ley de regalías mineras es atentatoria de las autonomías municipales y que la ley no dice que los proyectos deben ser aprobados por el Tribunal de Cuentas. “La ley de regalías mineras, en su artículo 5 es atentatoria de los intereses de los municipios y vulnera sus legítimos derechos”, aseguró.
En diálogo con LA UNION Farroni sostuvo que “el artículo 244 y siguiente de la Constitución de provincia, establece claramente que los municipios tienen autonomía política financiera y económica” y que por lo tanto “son los representantes que legítimamente fueron elegidos los que deciden qué se hace o que se debe hacer con el dinero”.
El fiscal municipal dejó entrever las diferencias que la comuna mantiene con el Tribunal de Cuentas, al sostener que “los tiempos del TC no son los de los municipios” y que “recién ahora ha incorporado algunos técnicos, por lo que es muy difícil para el TC que resuelva los proyectos que los municipios presentarán con la premura del caso”
“Consideramos que TC no nos tiene que dar permiso en qué se debe gastar la plata. Además, el organismo no dice si se aprueba o no un proyecto, dice simplemente que se remita al municipio nuevamente para que continúe con los trámites. Hay algunos que no los puede resolver y deja a los municipios paralizados”, afirmó Farroni.
El funcionario sostuvo que la ley no dice que el TC tiene que aprobar los proyectos. “El artículo 5º dice en qué se puede gastar la plata de regalías mineras, que indica qué debe hacerse en proyectos productivos o en capacitaciones para proyectos productivos, pero no dice la ley que esto tiene que ser aprobado por el TC de la provincia”.
“Lo único que hay es una acordada del TC que no tiene fuerza de ley y que establece ese mecanismo de control previo”, concluyó. (Fuente: La Unión)
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