El fiscal federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cursó un oficio al fiscal federal de Catamarca, Santos Reinoso, a partir del cual requirió un informe acerca del enfoque bajo el que se estudia la intervención en rutas federales, en atención a los derechos constitucionales y la normativa internacional de Derechos Humanos.
Preocupa al fiscal Gómez los “traslados compulsivos” de manifestantes, en el Caso Cerro Negro (Tinogasta), donde “lisa y llanamente se expulsó de la provincia de Catamarca” a un grupo de manifestantes que protestaba a la vera de las rutas nacionales Nº 40 y Nº 60.
En el oficio, se advierte lo siguiente: “En el lugar sindicado (Cerro Negro) se habrían encontrado manifestantes que se pronunciaban en contra de la mega minería a cielo abierto. Según los medios de comunicación, estas personas tenían como objetivo informar a los que transitaban por dichas rutas sobre los efectos negativos de la explotación minera en la modalidad diseminada y vinculada a causas penales que tramitan en el ámbito de su Fiscalía. Ante esta situación, el puesto informativo habría sido levantado a causa de una supuesta orden de desalojo librada por la Dra. Silvia Álvarez, fiscal del fuero provincial, la que presuntamente se ejecutó a través de la fuerza policial y fuerzas parapoliciales que responderían a intereses empresarios”.
A su vez, Gómez recordó los derechos que asisten a los ambientalistas. "En este contexto, es preocupante la vulneración del derecho a libre tránsito y manifestación, además, de la supuesta incursión de un órgano judicial que carece de competencia para concretar medidas en el escenario factico. La libertad de tránsito y manifestación está contemplada en nuestra Carta Magna Nacional, en el artículo 14, en el que se deja expreso que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de entrar, permanecer y transitar y salir del territorio argentino, y publicar sus ideas", sostiene el fiscal federal.
Derechos de manifestantes
El fiscal tucumano hizo hincapié en los derechos de los manifestantes. "La entidad de los hechos acaecidos, y la posible responsabilidad del Estado Nacional en el concierto y los tribunales internacionales ante la adopción de una postura violatoria de los derechos normativizados en la legislación citada hacen que extrememos los recaudos para resultar coherentes en nuestro accionar. Y llama la atención la intromisión de la fiscal provincial en una jurisdicción extraña", consideró Gómez.
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