Avalando el debate que planteará la oposición al Gobierno en las cámaras legislativas, seguramente a partir de marzo de 2010, el IARAF estimó que “lo resignado por el conjunto de las provincias es en moneda constante de $38.000 millones, equivalente al 54% de la deuda que las provincias tienen con la Nación”.
Recuerda el trabajo que este gravamen fue creado en marzo de 2001, cuando las finanzas públicas de la Nación flaqueaban tras casi tres años de recesión. De ahí que no se justificaría su permanencia tras el largo período de reactivación entre 2003 y 2008, habida cuenta de que la retracción de 2009 se estima con carácter transitorio.
La Ley 25.570 estableció que el 30% de lo producido por el impuesto pase a formar parte de la masa coparticipable (originalmente ingresaba el 100% al Tesoro Nacional). El monto del 30% de la recaudación del IDCB pasó a distribuirse entre la Nación y las provincias de acuerdo a los prorrateadores primarios (entre Nación y consolidado de provincias) y secundarios (entre las jurisdicciones).
Fácil de recaudar y para achicar la evasión
En los países en que se implementó en algún momento, el impuesto a los débitos y créditos bancarios (IDCB) ha sido introducido por su efectividad recaudadora, generalmente en un contexto de débil administración tributaria y de dificultades fiscales.
En esa línea, puede también permitir un mayor control a los contribuyentes y mejorar el rendimiento del sistema tributario en su totalidad si, por ejemplo, es tomado a cuenta de otros impuestos y utilizado como herramienta de información.
No obstante, considera el IARAF que "muchos países rechazan el uso de un impuesto como el IDCB por sus efectos más distorsivos en relación a otras alternativas, ya que su carga efectiva depende de la estructura de transacciones, ya que discrimina según la forma de pago en que se realiza la transacción".
Como a nivel minorista las compras en efectivo son más significativas, esta "exención de hecho" del impuesto en las etapas finales obliga a establecer una mayor alícuota en las etapas intermedias del proceso productivo.
Dicho esto, el trabajo del IARAF observa que a la luz de la discusión actual sobre el reparto, si se coparticipara de la misma manera que uno de los principales recursos coparticipables de nuestro país, como es el impuesto al valor agregado (IVA), las provincias en su conjunto hubieran recibido en valores corrientes $29.128 millones más que lo que efectivamente recibieron por la distribución del impuesto.
Si a esa cifra se le aplica una actualización utilizando el CER, el valor trepa a $37.657 millones.
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