Representantes de los departamentos en los cuales hay incidencia directa de la gran minería, coordinarán a partir de esta semana acciones conjuntas en el marco de un plan de lucha contra la actividad, apuntando específicamente a frustrar la apertura de la mina Agua Rica.
Así lo decidieron delegados de Andalgalá, Belén, Santa María, Tinogasta y Antofagasta de la Sierra durante la asamblea que se realizó el fin de semana en la "Perla", epicentro de la movida ambientalista.
Para ese encuentro, que tuvo lugar en la plaza 9 de Julio, llegaron especialmente referentes de grupos ambientalistas de distintas provincias. Además del debate e intercambio de experiencias, hubo actos culturales en los que se abordó, a través del arte, la problemática minera.
Entre las primeras acciones que se anunciaron, el 4 de marzo habrá marchas en los distintos departamentos, para pedir la ley provincial que prohíba la megaminería.
Sergio Martínez, uno de los integrantes de la Asamblea El Algarrobo, destacó la participación de asambleas socioambientales de varios puntos del país, entre ellos Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja.
"Hubo un compromiso manifiesto de trabajar para evitar la instalación de estos emprendimientos mineros en las nacientes de nuestros ríos", comentó.
Al hacer una evaluación de lo acontecido luego de la violenta represión de hace dos semanas, Martínez mencionó que "la sociedad de Andalgalá está en un clima de hipersensibilidad", que podría generar nuevos focos de conflicto.
Como resultado del encuentro del fin de semana, la "coordinadora en defensa del territorio y los bienes comunes" emitió un documento, en el que se remarca la unión de varias organizaciones asamblearias.
Allí se menciona, en primer término, la lucha contra "los proyectos de minería metalífera, en cualquiera de sus modalidades, ya sea en las etapas de cateo, prospección, exploración y explotación que utilicen sustancias tóxicas y abusivo consumo de agua". Además, se menciona la articulación de "acciones frente a la criminalización de las protestas sociales".
Fuente: El Ancati
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