"Premisas infundadas" y "conclusiones erradas". TGN, la transportadora de gas en la que participa Techint, no apeló a eufemismos para descalificar el durísimo informe que elaboró el interventor que el Gobierno puso en la empresa. Lo hizo en una carta que tuvo que presentar junto (con el trabajo del emisario del Enargas) ante la Comisión de Valores a pedido del regulador bursátil y en contra de su voluntad. Así se hizo pública una nueva batalla entre el Gobierno y la compañía, de la que también son dueños la francesa Total y la argentina CGC.
La disputa comenzó cuando, a fines del año pasado, TGN dijo que no podía pagar su deuda de u$s 347 M y se declaró en default. Tras el anuncio, el Enargas decidió intervenir la empresa y nombró a Roberto Pons, un ex UIA. Luego, la relación entre el Gobierno y la firma pareció encaminarse, hasta ahora. Primero, se supo que la ANSeS, que tiene 12% de la deuda de TGN, votó en contra de la propuesta de pago de la empresa, que igualmente se cerró con 88% de aprobación el 4 de octubre. Y ayer se difundió el informe que tiene fecha de septiembre en el que se dice que la firma fue a default por conveniencia, que la propuesta de pago se basa en proyecciones cuestionables (como una suba de tarifas) y que, además, es probable que vuelva a entrar en default en 2016. "Cabe dudar de que TGN tenga asegurado el concepto de 'empresa en marcha' y que disponga del suficiente control para asegurar una prestación sin sobresaltos", declara Pons, y sugiere prorrogar la intervención.
Para TGN, sus conclusiones son erradas. "El informe soslaya que las tarifas se mantienen congeladas desde hace más de 10 años y que esa es la causa del desequilibrio de la compañía", acusa. Y destaca que Pons omite mencionar el "módico ajuste" de 20% acordado hace un año y a la espera de la venia oficial. "Pons responde a alguien", dicen cerca de la empresa, cuando se los consulta sobre el nuevo rumbo de la disputa, de la que los accionistas están al tanto. (Clarín, Buenos Aires, 30/10/09)
La disputa comenzó cuando, a fines del año pasado, TGN dijo que no podía pagar su deuda de u$s 347 M y se declaró en default. Tras el anuncio, el Enargas decidió intervenir la empresa y nombró a Roberto Pons, un ex UIA. Luego, la relación entre el Gobierno y la firma pareció encaminarse, hasta ahora. Primero, se supo que la ANSeS, que tiene 12% de la deuda de TGN, votó en contra de la propuesta de pago de la empresa, que igualmente se cerró con 88% de aprobación el 4 de octubre. Y ayer se difundió el informe que tiene fecha de septiembre en el que se dice que la firma fue a default por conveniencia, que la propuesta de pago se basa en proyecciones cuestionables (como una suba de tarifas) y que, además, es probable que vuelva a entrar en default en 2016. "Cabe dudar de que TGN tenga asegurado el concepto de 'empresa en marcha' y que disponga del suficiente control para asegurar una prestación sin sobresaltos", declara Pons, y sugiere prorrogar la intervención.
Para TGN, sus conclusiones son erradas. "El informe soslaya que las tarifas se mantienen congeladas desde hace más de 10 años y que esa es la causa del desequilibrio de la compañía", acusa. Y destaca que Pons omite mencionar el "módico ajuste" de 20% acordado hace un año y a la espera de la venia oficial. "Pons responde a alguien", dicen cerca de la empresa, cuando se los consulta sobre el nuevo rumbo de la disputa, de la que los accionistas están al tanto. (Clarín, Buenos Aires, 30/10/09)
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