Una de las misivas pertenece a Carlos Alfredo Starecinch, quien señala: "En mi condición de pequeño empresario, proveedor del servicio de comidas en el proyecto Agua Rica, me veo obligado a viajar con insumos durante 7 horas para cumplir con mi trabajo, cuando en dos horas se podría cumplir", indicó.
Y agrega: "Mi empresa da trabajo directo a 23 familias; todas nos sentimos afectadas económica y moralmente porque somos víctimas de la prepotencia de este grupo de antimineros que con total impunidad cortan nuestro derecho de circular y trabajar, tal como lo expresa la Constitución Nacional y Provincial".
En febrero de este año, la fiscal de Andalgalá, Marta Nieva, intimó a los sectores antimineros para que levanten el bloqueo. Sin embargo, la Justicia no pudo avanzar en un despeje del sitio al considerar que se trata de caminos comuneros que tienen escasa transitabilidad. Ahora reclaman acciones más enérgicas.
Fuente: El Ancasti
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