Por Alejandro Bercovich
En el más estricto secreto, los gobernadores de provincias con explotaciones megamineras a cielo abierto acordaron ayer con el ministro de Planificación, Julio De Vido, la estrategia que seguirán para defender la actividad de la creciente ola de críticas que desató en las últimas semanas la represión de los piquetes ambientalistas en Catamarca, Tucumán y La Rioja. Los mandatarios y el gobierno nacional presentarán hoy un “pacto minero” que apunta a desactivar los conflictos.
Tal como anticipó en exclusiva BAE, la idea oficial es lograr que las multinacionales del sector se asocien con los estados provinciales y contribuyan por esa vía al erario público lo que no pagan en impuestos gracias al marco privilegiado que les garantiza el entramado legal vigente desde los años ‘90.
La cumbre de ayer, en el piso 11 del Palacio de Hacienda, reunió a De Vido con los gobernadores José Luis Gioja (San Juan), Luis Beder Herrera (La Rioja), Martín Buzzi (Chubut), Eduardo Fellner (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Juan Manuel Urtubey (Salta). También estuvieron los ministros de Producción de Mendoza, Catamarca, Neuquén y Santa Cruz, según revelaron anoche dos de los participantes.
Tras unas tres horas de debate y un repaso por los proyectos extractivos que cada distrito aspira a ver concretarse en los próximos meses, los mandatarios redactaron los borradores del “pacto” que se anunciará hoy, que busca emular a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) y que el Gobierno aspira a convertir en punta de lanza contra las protestas.
La idea del Gobierno –que comparten las empresas del sector– es cederles a las provincias más peso en el manejo de las explotaciones y en el usufructo de sus beneficios, que hoy acaparan casi en su totalidad las compañías, gracias a la Ley de Inversiones Mineras y las demás normas que las eximen del pago de impuestos y limitan las regalías que dejan en sus distritos. Los empresarios no participaron directamente de las conversaciones, pero fueron consultados por gobernadores como Daniel Peralta (Santa Cruz) y el propio Gioja, uno de los más entusiastas defensores de la actividad.
El pacto podría incluir a la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), a la Asociación de Obreros Mineros (AOMA) y a los proveedores de las multinacionales del rubro, en su mayoría de capitales suizos, canadienses, chinos y sudafricanos. Por temor a que haya protestas, el Gobierno no informó dónde se anunciará, pero empresarios del rubro recibieron la instrucción oficial de “mantenerse a tiro de la Casa Rosada” para acudir a una eventual convocatoria urgente.
El esquema de asociación mixto público-privado, según revelaron las fuentes, será definido en cada provincia. Pero la idea es emular el ejemplo santacruceño de Cerro Vanguardia, el primer establecimiento metalífero del país que usó cianuro para separar el oro de la roca. Allí son socias la sudafricana Anglogold Ashanti y la estatal Fomicruz, que posee un 7,5%.
El plan permitiría a las compañías evitar que se revise su privilegiado marco impositivo y a la vez mostrar que “derraman” recursos en los territorios donde se asientan, algo que muchos pobladores y la mayoría de los datos oficiales hasta ahora desmienten. “El tema tributario no se toca. Esto es mejor todavía, porque asociarse no solo garantiza ingresos sino también participación en el manejo de las explotaciones”, dijo una de las fuentes entusiasmadas con el mecanismo.
Asambleistas en Buenos Aires
Por primera vez en Buenos Aires, en simultáneo con una marcha de organizaciones sociales contra la Ley Antiterrorista, hoy ofrecerán una conferencia de prensa los asambleístas de Famatina, la localidad riojana donde se inició la ola de protestas contra la megaminería. Será en el hotel Bauen a las 14.30. Organiza el grupo Voces De Alerta, que también presentará allí su libro "15 mitos y realidades de la minería trasnacional en Argentina".
“Es un conflicto de Catamarca que debemos solucionar los catamarqueños”
En una encendida defensa de la política minera desarrollada por la provincia, la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, despegó al Gobierno nacional del conflicto planteado en la provincia y demandó un cambio en las reglas de juego para las empresas del sector.
“Éste es un conflicto de Catamarca que tenemos que solucionar los catamarqueños. Estoy segura de que lo vamos a hacer porque este gobierno no mintió nunca, no prometió nada distinto a lo que estamos haciendo. Los catamarqueños podemos sentarnos en una mesa a dialogar, porque nos conocemos. Podemos pensar distinto pero en el fondo todos queremos que los catamarqueños estemos mejor, que nuestro medio ambiente sea controlado y vamos a trabajar y encontrar el consenso necesario para que eso sea posible”, señaló.
Acompañada por el secretario de Minería provincial, Rodolfo Miccone, y en medio de la profundización de las protestas contra La Alumbrera dejó en claro la postura de la provincia: “Todo el equipo que forma parte de este gobierno ha planteado siempre la importancia del desarrollo minero para Catamarca. Queremos producción minera con reglas claras, con información clara de cuál es el impacto ambiental en nuestra provincia”, enfatizó.
Además, apuntó contra lo que consideró una “desinformación generada por algunos medios nacionales” sobre la situación de la minería a cielo abierto en Catamarca, que es rechazada por asambleístas con cortes en las rutas en varias ciudades de la provincia para impedir el paso de camiones con insumos hacia los yacimientos.
“Es fácil decir no a la minería por parte de alguien que se sube a un avión, llega a Catamarca, al otro día se da la vuelta y se olvidó de los catamarqueños”, advirtió, tras destacar “el impacto económico que tiene en Catamarca la minería”.
En un mensaje ofrecido en la Casa de Catamarca en la Ciudad de Buenos Aires, la mandataria kirchnerista se refirió por primera vez al violento desalojo en la ruta 60 en Tinogasta, el que –destacó– “fue realizado por la Justicia y no hubo ningún herido, ningún lesionado”.
En este marco, advirtió que los principales emprendimientos mineros de Catamarca llevan “15 años” y aseguró que su gobierno planea cambios en la política del sector: explicó que “hace diez días” se reunió “con los responsables de los emprendimientos mineros” y les planteó que “una minería que beneficia a unos pocos y no a todos los catamarqueños no es válida”.
Reclamó, por ello, “que las oficinas de compras de las empresas mineras estén radicadas en la provincia de Catamarca” y que “la mano de obra sea catamarqueña no sólo de los puestos de más bajos salarios sino de aquellos que son cargos profesionales: geólogos, ingenieros, contadores”.
Señaló además que instruyó a la Dirección de Gestión Ambiental de la provincia para que haga “públicos” los informes de impacto ambiental de los emprendimientos mineros Bajo La Alumbrera y Agua Rica (ambos de la compañía Alumbrera –de capitales suizos y canadienses–) “para que cualquier ciudadano tenga acceso”.
Y anunció que instalará delegaciones de esa oficina en los departamentos de Tinogasta, Belén, Andalgalá y Santa María “para que la gente no sólo pueda informarse sino también acercar sus inquietudes”, ya que –indicó– en el emprendimiento de la Alumbrera “no se utiliza cianuro” y “el agua no está perjudicada”.
http://www.diariobae.com/diario/2012/02/15/8128-pacto-de-gobernadores-para-que-las-mineras-dejen-mas-dinero-en-las-provincias.html
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