Promueven una corte internacional para el ambiente

Intentan establecer una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente que penalice a los responsables de desastres ambientales. Parece una utopía, pero los autores de la iniciativa confían en que un día su propuesta se transforme en realidad.
"Desde el punto de vista jurídico, las consecuencias de esos daños podrían ser juzgadas como crímenes contra la humanidad. Una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente velaría por la protección de una naturaleza transfronte-riza y protegería los derechos de las personas, que son ciudadanos del ecosistema Tierra", afirma Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y presidente de la Academia Internacional de Ciencias del Ambiente de Venecia (IAES, según sus siglas en inglés). De acuerdo con Pérez Esquivel, hoy esa impunidad ampara a petroleras y empresas contaminantes dedicadas a la gran minería y a los agronegocios, las que provocan, entre otras cosas, desmontes de bosques naturales. "Estas actividades generan graves impactos en la salud de las poblacio-nes locales, por la con-taminación del agua, el aire y los suelos. Muchas empresas que contaminan actúan con el consentimiento de los Esta-dos; por este motivo, los gobiernos de turno también son responsables de esos delitos", subraya. Y agrega: "No habría tantos crímenes ambientales si no fuera por el alto nivel de corrupción existente".
Para revertir esa situación, la IAES lanzó, a mediados de 2009, una campaña internacional destinada a establecer la Corte Penal Internacional del Medio Ambiente, y está desplegando diversas iniciativas para involucrar a la comunidad internacional, gobiernos, instituciones sociales, culturales, científicas, religiosas y políticas, entre otras, y a los ciudadanos en general, a fin de que asuman el compromiso en defensa del ambiente y de la vida.
Lo principal de esta iniciativa es la implementación de políticas ambientales a nivel mundial que hagan hincapié en la prevención de esos desastres contra la naturaleza. "Se trata de actuar antes, no de esperar a que suceda un daño para luego juzgarlo", enfatiza Pérez Esquivel.
Por su parte, el doctor Daniel Sabsay, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), coincide con Esquivel. "No se debe sobrevaluar el derecho penal como instrumento para lograr una adecuada protección ambiental. Se trata sólo de una herramienta entre otras. Sobre todo, se debe tender a lograr espacios en los que se puedan consensuar políticas y normas que lleven a una adecuada aplicación, y de ese modo abordar el problema.", afirma Sabsay. Y agrega: "El aspecto represivo es una consecuencia que aparece y es necesaria cuando ya se ha producido el daño ambiental y, en realidad, a lo que se debe apuntar es a evitar que éste ocurra, ya que es irreversible".
Con respecto a la constitución de una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente, Sabsay opina que se trataría de un hito importante. "No olvidemos que, en la actualidad, el único tribunal internacional que tiene competencia en materia ambiental es la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Pero se trata de un tema más dentro de una amplísima competencia que la CIJ aborda sin que sus integrantes posean especialización en la materia", subraya. Para Jorge Codignotto, doctor en geología, investigador del Conicet e integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, creado por las Naciones Unidas entre 1999 y 2007, "es realmente interesante la idea de una Corte Internacional del Ambiente. Debe dejarse en claro que es mucho más importante el poder disuasivo que ejercería su existencia que las hipotéticas condenas que pudiera producir. Es sabido que, una vez producido el daño, en la mayoría de los casos no hay retorno, cualquiera que fuere el tipo de condena". Según Codignotto, que también se desempeña como profesor titular de la UBA, la propuesta debería ser acompañada por una muy activa difusión del concepto de daño ambiental y de cómo evitarlo. "Es claro que si el hecho lo realizan millones de personas, el daño ambiental puede ser muy superior al ocasionado por actos de un gobierno o grandes empresas. De allí que debe evitarse la asimetría jurídica con un acompañamiento jurídico-educativo adecuado en cada sociedad que adhiera a la propuesta", afirma. (Agencia CyTA; La Nación, Buenos Aires, 19/02/10)