Aunque los ambientalistas de Andalgalá querían presentar ayer el proyecto para que el Concejo Deliberante local declare la prohibición de la minería a cielo abierto en el departamento -con la esperanza de lograr un pronunciamiento político en contra de Agua Rica-, la movida finalmente no se concretó. Según trascendió, no habrían logrado reunir las firmas necesarias para avalar la iniciativa.
Aparentemente, los vecinos que impulsan el proyecto necesitan la rúbrica del 3% del padrón electoral departamental, algo así como el aval de cuatrocientas personas. Hasta ayer, este número no habría sido conseguido, aunque prometieron llevar hoy la propuesta al CD.
Una vez efectuada la recepción de la documentación los ediles andalgalenses tendrán un plazo de treinta días para expedirse.
Mientras tanto, la caminata programada por el grupo "Vecinos por la Vida", también para ayer, fue reemplazada por una manifestación frente a la Fiscalía de Andalgalá.
Un reducido grupo de ambientalistas con carteles se congregó a media mañana, frente al local donde cumple funciones Martha Graciela Nieva, con el objeto de "presionar por la desjudicialización de los cuatro imputados que registra la asamblea El Algarrobo", epicentro de la lucha de los autoconvocados antimineros.
Es que la fiscal Nieva, además de las causas por el piquete en la vía de acceso a Agua Rica, recibió denuncias por los destrozos que se produjeron una semana atrás, por lo que podría haber nuevos imputados.
Según confirmó la funcionaria judicial, los comerciantes, la Intendencia, el Juzgado y la misma Fiscalía realizaron presentaciones por el destrozo de los edificios. Las denuncias son contra autores desconocidos, aunque ya se habrían identificado claramente algunos responsables.
En lugar de la caminata, hubo una manifestación frente a la fiscalía de Andalgalá.
El valor político del proyectoEl abogado de los ambientalistas, Javier Garín, destacó la importancia que el Concejo Deliberante convierta en ordenanza la prohibición de la minería a cielo abierto en el departamento, y que "más allá de su valor legal, sería un pronunciamiento importante en un sentido político y un primer paso para alcanzar otro objetivo más definitivo: una ley que prohíba la minería a gran escala y a cielo abierto en todo el ámbito provincial".
El letrado recordó que siete provincias tienen leyes de prohibición de la megaminería. Y que de aprobarse una ordenanza contraria a las explotaciones a cielo abierto, planteará al menos un conflicto con la normativa actual de la provincia.
Fuente: El Ancasti
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