o.- Así lo reveló un sondeo en el que también se manifestó la necesidad de mantener un sistema jurídico estable. El reparto de regalías desde la mirada de académicos, cámaras y organismos. Lo inesperado dio lugar a lo esencial. Quince días atrás, un proyecto de ley por parte del oficialismo fijó la atención sobre el sistema de reparto de regalías mineras. Luego del debate y la polémica generados, que incluso dio lugar a la presentación de nuevos proyectos por parte de la oposición se realizó un sondeo con el fin de lograr una visión sobre el tema desde la mirada de académicos, cámaras y organismos vinculados a la minería. Y la coincidencia que más se destacó es la propuesta de que la educación y la salud tengan una asignación específica como destino de las regalías y que haya seguridad jurídica. Vía e-mail y a todos por igual, se les propuso el análisis del sistema de reparto vigente y de la nueva propuesta de distribución elaborada por el diputado basualdista Armando Campos, quien presentó un proyecto de ley que modifica lo establecido en el artículo 17 de la Ley 7862 (este artículo que tiene que ver con los porcentajes de distribución de los dividendos mineros), que ya tomó estado parlamentario. Asimismo, se les pidió detallas en aspectos positivos y negativos de uno u otro sistema, a la vez de evaluar la necesidad de cambiar o no la actual ley de regalías mineras. De esta forma, representantes de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ), Cámara de Servicios Mineros de la República Argentina (CASEMI), el Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI), académicos de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y de la Universidad Católica de Cuyo (UCCUYO) dieron su visión sobre el tema.
Cuando todo hacía presuponer que los resultados iba a centrarse en torno a porcentajes o si a los municipios sin minería les corresponde o no recibir los beneficios de las regalías, el sondeo puso de manifiesto sobre lo que no se había puesto atención: ni en el sistema de reparto vigente ni en el propuesto en la Legislatura se hace mención a porcentajes específicos asignados a salud o educación. Por supuesto, el espíritu de ambas tiene que ver con el desarrollo de la comunidad, pero entendido en términos de generación de in-fraestructura u obra pública. Vale destacar que fueron los re-presentantes del mundo académico quienes manifestaron la necesidad de introducir la salud y educación como mejoras al sistema vigente o como aspectos relevantes a considerar ante un eventual cambio del actual sistema. El mismo grupo consideró exagerado el porcentaje destinado a Rentas Generales de la provincia y expresó la necesidad de una delimitación específica de ese porcentaje.
Por otra parte y esta vez desde las cámaras y entidades mineras, se puso de manifiesto la necesidad de mantener un sistema jurídico estable. Desde CASEMI, CMSJ y GEMERA reconocen que el actual sistema es perfectible, pero aún así estiman que las leyes no pueden cambiarse en forma permanente porque, desde su punto de vista, esto hace a la credibilidad de la provincia o el país ante las inversiones. Desde estas instituciones apoyan una eventual modificación pero por el momento no consideran necesaria la reforma del sistema vigente.
Hubo opiniones dispares con respecto a si los municipios mineros deberían o no recibir los beneficios de las regalías. Desde la perspectiva de los encuestados es un tema para analizar con detenimiento, en particular por el hecho de que si se aprueba el reparto para departamentos sin minería, esto sentaría precedente para que departamentos mineros reclamen coparticipación de lo que generan otras industrias. Sería un reclamo en pie de igualdad con la desventaja de poner a los departamentos sanjuaninos, mineros o no, en un debate interminable. (Diario de Cuyo, San Juan, 10/09/09)
Cuando todo hacía presuponer que los resultados iba a centrarse en torno a porcentajes o si a los municipios sin minería les corresponde o no recibir los beneficios de las regalías, el sondeo puso de manifiesto sobre lo que no se había puesto atención: ni en el sistema de reparto vigente ni en el propuesto en la Legislatura se hace mención a porcentajes específicos asignados a salud o educación. Por supuesto, el espíritu de ambas tiene que ver con el desarrollo de la comunidad, pero entendido en términos de generación de in-fraestructura u obra pública. Vale destacar que fueron los re-presentantes del mundo académico quienes manifestaron la necesidad de introducir la salud y educación como mejoras al sistema vigente o como aspectos relevantes a considerar ante un eventual cambio del actual sistema. El mismo grupo consideró exagerado el porcentaje destinado a Rentas Generales de la provincia y expresó la necesidad de una delimitación específica de ese porcentaje.
Por otra parte y esta vez desde las cámaras y entidades mineras, se puso de manifiesto la necesidad de mantener un sistema jurídico estable. Desde CASEMI, CMSJ y GEMERA reconocen que el actual sistema es perfectible, pero aún así estiman que las leyes no pueden cambiarse en forma permanente porque, desde su punto de vista, esto hace a la credibilidad de la provincia o el país ante las inversiones. Desde estas instituciones apoyan una eventual modificación pero por el momento no consideran necesaria la reforma del sistema vigente.
Hubo opiniones dispares con respecto a si los municipios mineros deberían o no recibir los beneficios de las regalías. Desde la perspectiva de los encuestados es un tema para analizar con detenimiento, en particular por el hecho de que si se aprueba el reparto para departamentos sin minería, esto sentaría precedente para que departamentos mineros reclamen coparticipación de lo que generan otras industrias. Sería un reclamo en pie de igualdad con la desventaja de poner a los departamentos sanjuaninos, mineros o no, en un debate interminable. (Diario de Cuyo, San Juan, 10/09/09)
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