La reunión entre Diputados Provinciales y comunidad concertada por los ediles Ramos, Bernal y Páez, tuvo momentos de mucha crispación, donde la gente no se guardó críticas para los legisladores, a quienes acusaron de aparecer cuando las papas queman.
En su mayoría los planteos coincidieron en expresar que para que haya Paz Social, autoconvocados exige la paralización total de las actividades de la empresa Agua Rica, a quien acusan de estar incumpliendo la disposición emanada de la Resolución del Juez Ramón Cerda. También los cuestionaron por que no leyeron el informe elaborado por la Universidad Nacional de Tucumán a pedido del Municipio, donde se resaltan alrededor de 300 objeciones, de las cuales unas 30 hacen que el proyecto sea inviable, manifestaron.
Pidieron así mismo la desjudicialización de los vecinos que fueron imputados por el artículo 194 del Código Civil el 15 de febrero, como también juicio político para quienes consideran responsables de la represión como el Intendente Perea, la Fiscal Nieva, el Juez Cecenarro y el Ministro de Gobierno Javier Silva. Reclamaron que la policía comunitaria se vaya de Andalgalá, puesto que sienten que los están vigilando permanentemente como si fueran delincuentes.
Entre las diputados presentes estuvieron por el FC y S Miguel Vázquez Sastre, Juan Pablo Millán, Humberto Mercado, Luis Andraca, Silvina Acevedo, Pablo Sánchez, Raúl Guzmán, Rubén Herrera y José Sosa, Renato Gigantino, Alfredo Gómez, Miguel Figueroa Vicario, Egle Altamirano y Marcelo Rivera, también fueron de la partida.
La reunión estuvo coordinada por el Concejo Deliberante y ofició de moderador el Concejal Alejandro Páez, quien tuvo que pedir en reiteradas oportunidades, cordura a vecinos que abucheaban a Diputados o vecinos que se expresaban de manera distinta a su pensamiento.
Estuvo presente el Intendente Perea, para quien los vecinos no se ahorraron críticas y en más de una oportunidad durante la extensa reunión pidieron que renunciara, o que Diputados encare el pedido de Juicio Político para su destitución.
A pesar de que la concurrencia trató de sacar un compromiso de parte de los legisladores provinciales para que les aseguren que apoyarían el proyecto presentado por el Dr. Figueroa Vicario, el cual tomará estado parlamentario a partir del 1º de mayo, la mayoría fueron cautos a la hora de comprometer que se obtenga una ley que prohiba la minería a cielo abierto y la utilización de sustancias como el cianuro, puesto que no estaba la mayoría de los diputados.
Por otra parte una ley debe contar con la aprobación bicameral y para eso pidieron al Concejo Deliberante que formule la invitación formal a la Cámara de Senadores para que vengan al Departamento a dar explicaciones y para conocer el pensamiento de cada uno de los integrantes de la cámara alta.
Entre las cuestiones que quedaron definidas para acción inmediata están: corroborar que Minera Agua Rica acata verdaderamente la resolución emanada por el Juez de Minas en cuanto a la paralización de trabajos en la Mina, en cuanto a exploración y explotación, pero también autoconvocados exigió que se paralicen inclusive las tareas administrativas. Además se conformará una comisión de vecinos y legisladores que irán hasta el proyecto Agua Rica para serciorarse si hay o no hay actividad en la mina.
Autoconvocados pidieron que se lleve a cabo la despenalización de los vecinos que fueron imputados el 15 de febrero y en otras ocaciones como consecuencia de la lucha contra la mega minería, requiriendo que dicho cuerpo promulgue una amnistía para sus causas, para lo cual el Diputado Miguel Figueroa Vicario solicitó que le envíen el número de expedientes de sus causas para comenzar a trabajar sobre el tema.
Otro pedido fue la desadhesión inmediata a la ley de inversiones mineras Nº 26.194, a la que consideran una total aberración.
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