Para el presidente de la Corriente Progresista Radical, el diputado provincial José “Chichí” Sosa, "Catamarca es impensable sin los procesos naturales de exploración y explotación minera"; sin embargo, el concejal andalgalense Alejandro Páez no se hace cargo del discurso minero de la línea y disimula lo mejor que puede, camuflándose detrás del referéndum por el sí o por el no a la minería.
En otras palabras, Páez desconoce pública y abiertamente las decisiones orgánicas tomadas por el partido "de aceptar el referéndum minero, pero aclarando que la CPR no concibe la provincia sin minería", según lo expresado por el presidente de su línea interna. Páez, quien además es presidente del Congreso de la CPR, está convencido de que el referéndum minero puede servirle de trinchera electoral y descuida adrede la posición del partido al que representa, a tal punto de abandonar la decisión orgánica y entrar en abierta contradicción con el presidente del partido.Dicho directamente, mientras Sosa impulsa la actividad minera responsable, Páez parece un antiminero más. En este sentido, la foto ilustrativa es casi una ayuda memoria para el concejal, que parece haber olvidado las huellas mineras transitadas no hace mucho tiempo junto con el intendente José Perea. Sin embargo, el edil deberá aclarar “hacia adentro y hacia fuera”, si se esconde detrás del referéndum por temor a una “visita incendiaria” de un grupo de ambientalistas extremos o si simplemente confía en "su" estrategia electoral, obviando a conciencia de lo resuelto por la orgánica procurando no quedar al descubierto frente a la comunidad.De todas formas, y más allá de la falta de sinceramiento en el planteo político del presidente del Congreso de la CPR, el punto es que por los actuales niveles de violencia, hoy, el referéndum minero es impracticable. De hecho, cuanto mayor sea la virulencia actual más lejos se debería trasladar la consulta popular para liberar al pueblo de coacciones indeseadas. Obsesivamente se discute la fecha y la legalidad de la convocatoria del CD, pero se descuida torpemente las condiciones elementales para llevarlo a la práctica. En efecto, mientras esperaban ver luces del otro lado del túnel, los concejales se apresuraron a llamar a un plebiscito minero para el 25 mayo. ¿Realmente creen que en menos de dos meses, 17.000 habitantes se informarán de los pormenores de la actividad minera? ¿En verdad los ediles piensan que, con el temor al estruendo sórdido de las bombas molotov y los incendios y los incidentes violentos en el lugar, la gente asistirá a escuchar las explicaciones que le permitan decidir con tranquilidad? Para una consulta popular primero se deben dar las condiciones de seguridad mínimas para una elección, sin presiones y a conciencia. En las actuales condiciones, un plebiscito minero sería una locura institucional. Un arrebato más, para colmo certificado desde el Concejo Deliberante, que no debería dejarse “tirar ni empujar” por nadie para tomar decisiones. Sin embargo, lamentablemente en este caso puntual la violencia ya se llevó puesto al verdadero debate minero, ¿encima pretenden convocar a una consulta popular sin las garantías mínimas? Dada esta situación innegable, deberían ser los mismos concejales que se animaron a convocar al plebiscito para el 25 de mayo los que suspendan el proceso hasta tanto se pueda garantizar una libre y plena elección. ¿No sería lo más justo y correcto?, ¿alguien tiene alguna duda de que lo mejor es que el pueblo elija tranquilo? Parece que sí. La apelación a las temerarias y ruidosas bombas “molotov” parece ser el reconocimiento explícito de que los ambientalistas extremos tienen miedo de conocer la voluntad popular, y por eso es mejor "descarrilar el tren y estrellarse con todos a bordo" que culminar el proceso democrático de la consulta popular. Lo cierto es que la violencia inhabilitó incluso al Concejo Deliberante andalgalense. Para colmo, una notable y visible ignorancia en materia minera obligó a algunos ediles a tomar ambientalistas como “asesores informales” en el CD, que de vez en cuando les tiran alguna letra que repiten como pueden en público, convencidos de que están aprovechando la coyuntura y que “mejoran la imagen política camino al 2011”. Según el diputado Sosa, el concejal Páez "es uno de los pocos dirigentes que quedó del lado del pueblo", pero los políticos a menudo actúan como si la gente no supiera la diferencia entre adular y respetar al pueblo. A pesar de querer quedar bien con los ruidosos manifestantes, los concejales andalgalenses ni siquiera imaginan lo lejos que se encuentran incluso del planteo antiminero. A los ediles aún “no les cae la ficha” de que los ambientalistas ya no quieren el referéndum minero, sino lisa y llanamente “vivir sin minería”.
(*) Colaboración especial
Por: Juan Carlos Andrada - Redacción launiondigital.com.ar
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