Esta vez la víctima fue un camarógrafo de TV Cable Andalgalá. Había ido a buscar a su esposa. Lo acusaron de "espía" y lo golpearon. Preocupa la escalada de violencia.
El camarógrafo de TV Cable Andalgalá Carlos Romero fue agredido el martes durante la manifestación antiminera realizada para que pudiera ser captada por las cámaras de un programa de televisión nacional que llegó a abordar la problemática minera de esta ciudad.
Romero fue acusado de "estar espiando" la manifestación, golpeado y tirado al piso ante la vista de los participantes de la marcha, que se realizaba en la plaza central, frente a la iglesia y a metros de la comisaría departamental. El trabajador de prensa no estaba, en ese momento, cumpliendo tareas como camarógrafo. Ni siquiera llevaba su cámara, sólo había ido a la plaza a encontrarse con su esposa, integrante de "Autoconvocados por la Vida", para entregarle una llave.
No es la primera vez que Romero es víctima de agresiones de parte de sectores antimineros: el 19 de diciembre pasado, al asistir junto al periodista Nicolás Ziggiotto al corte que la Asamblea El Algarrobo mantiene en el distrito El Potrero fueron insultados por seis miembros de la asamblea y terminaron retirándose, sin poder realizar sus tareas periodísticas, para evitar una escalada de violencia.
La tensión y el malestar creciente con los trabajadores de prensa ha derivado en que muchos no quieran ir a cubrir marchas u otro tipo de eventos protagonizados por sectores ambientalistas. Es que no fueron los únicos episodios violentos que afectaron a los trabajadores de medios locales de esta ciudad. El 15 de febrero, día del desalojo y la represión policial, fueron golpeados, empujados y tirados al piso los periodistas Ziggiotto y Lucas Olaz, quienes además sufrieron el robo de una cámara de video profesional con la que estaban registrando los acontecimientos. La denuncia fue realizada en contra del ciudadano Jair Cecenarro, pero, hasta la fecha, no fue imputado.
Recientemente, la fiscal Marta Graciela Nieva -la misma que tiene a su cargo la instrucción sobre los sucesos del 15 de febrero en los que fueron incendiados la municipalidad, la fiscalía, la sede de una empresa minera y varios comercios de proveedores- manifestó públicamente que no efectúa detenciones para "no alterar la paz social".
Fuente: El Ancasti
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