viernes, 2 de abril de 2010
Locales-Policiales: Piden la reducción de las imputaciones a los ambientalistas
Fueron detenidos días atrás en un predio de Minera Alumbrera. Cuatro integrantes de la asamblea "El Algarrobo" son investigados por la fiscal Nieva.
La abogada que representa a los cuatro ambientalistas detenidos el 24 de marzo, cuando se encontraban en un predio de Minera Alumbrera, a 15 kilómetros de la ciudad de Andalgalá, presentó un escrito a la fiscal Marta Nieva, en el que solicitó para que se reduzca la calificación de las imputaciones, y, además, se desestime la causa. Según informaron fuentes judiciales, la letrada consideró en su presentación que no habría existido "violación de domicilio", y que no se forzó ninguna instalación de la empresa.
Los cuatro integrantes de la asamblea socio ambiental "El Algarrobo" fueron arrestados en inmediaciones del predio en donde está ubicada una estación de rebombeo del ducto que lleva la pulpa mineralizada desde la mina a Tucumán.
La presencia de los ambientalistas había sido advertida por un policía minero, que dio participación a la fiscalía.
Nieva imputó a Aldo Flores, César Flores, Roberto Luna y Gabriel Andrés Luna, por los supuestos delitos de daño agravado, violación de domicilio y resistencia a la autoridad en grado de tentativa. Se trata de delitos que son excarcelables.
Ahora, la defensora puso por escrito el argumento que los detenidos expresaron hace más de una semana: que no destruyeron ninguna propiedad de la minera, y que su presencia en el lugar era para determinar si existía algún tipo de "pérdida" en el ducto.
La figura de "daño agravado" fue decidida por la fiscal, a raíz de la supuesta destrucción de un candado en el portón de acceso al predio, algo que fue negado desde un principio por los ambientalistas.
Ahora, Nieva deberá decidir si mantiene los cargos que formuló, o si la causa será finalmente desestimada.
Otra línea
La fiscal investiga en forma paralela otra causa que está enmarcada en el reclamo antiminero: la bomba "molotov" que fue arrojada contra la sede de Agua Rica. En este caso, no hay imputados y ni siquiera sospechosos.
La fiscalía de Andalgalá aún no recibió los informes de peritajes que encargó, para que se determine con precisión el tipo de artefacto que se arrojó contra el edificio.
En un primer momento, desde la firma deslizaron que había grabaciones de seguridad, aunque luego se comprobó que no servían para una identificación positiva.
Mientras tanto, en la "Perla del Oeste" se mantiene una calma provisoria, apenas perturbada por algún cruce entre los pro y los antimineros.
Los ambientalistas aguardan la reunión con el juez Guillermo Cerda, quien les explicará los alcances de la prohibición de explorar o explotar un emprendimiento, que dictó a Agua Rica.
Esta reunión fue promovida luego de la manifestación vecinal en la sede de la firma, para evitar que funcione la administración.
Fuente: El Ancasti
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