De por sí, los argentinos somos propensos a desconocer las leyes o interpretarla de manera particular cuando vemos afectados algunos intereses. En minería hacemos lo mismo. Sin embargo, en vez de hacerla fácil nos complicamos haciendo lo más difícil.
Los gobiernos de turno han inventado diferentes tipos de artilugios desconociendo adrede las reglas establecidas para la gran minería en la década del ´90, con el único objetivo de aumentar los fondos que llegan de la actividad a las arcas del Estado.
En este sentido, hace rato que con acciones oficiales le apuntamos a desintegrar el marco regulatorio que puso en marcha la actividad en el país. Como ahora los números no nos cierran, la mejor idea es usar la picardía criolla para definir a un negocio millonario.
“A toda costa”
En este contexto se nota que, en materia minera, también somos propensos a la anomia. Se trata de ocurrencias por parte de funcionarios nacionales y provinciales que tienden a desarticular, desmembrar, atomizar y hasta omitir el Código de Minería.
Si vamos a tener esta conducta con el marco regulatorio sería razonable que nos planteemos seriamente la reforma del mismo. Damos tantas vueltas para decir que creemos que las empresas se llevan una tajada más que importante que caemos en el infantilismo político.
Infructuosamente se trazan senderos administrativos legales para lograr un porcentaje mayor en la negociación, sin que importe qué tan lejos estén de la normativa que reactivó y controla la actividad.
No advierten que es más corto, simple e incluso correcto que se pongan de acuerdo todas las provincias mineras e indiquen el porcentaje de lo que van a pedir con relación al tipo de yacimiento que seguir quemando neuronas para hacerse de dinero “a toda costa”.
Superposición de leyes
Pensemos en las retenciones mineras, el problema con las exportaciones y el dilema de los tiempos para liquidar dólares. La creación de empresas estatales mineras y la superposición de una ley sobre otra. La Ley de Glaciares, por ejemplo.
El Congreso pudo haber sacado una normativa con reservas lógicas en un país minero. Conclusión: las provincias cuyo único recurso es la minería, estudian la manera de no cumplir la normativa tal cual como fue planteada por los legisladores.
¿Respetamos el Código Minero o lo cambiamos?
El artículo 9 del Código Minero es claro, el Estado "no puede explotar minas" y el 346 habla de las facultades de “explorar” solamente, y se aclara que puede retener hasta 100 mil hectáreas por el término de dos años.
Como no nos gusta eso, creamos empresas estatales desviándonos de tal forma que se perjudica la competencia de la empresa privada porque éstas también –con esa forma legal- pueden realizar otras actividades. Cuando el inversor ve que el Estado tiene las mismas facultades se pregunta qué estamos haciendo aquí y corre para el otro lado.
¿En la provincia? Se vació Somica DEM y se creó Camyen SE, que procura capitalizarse con propiedades mineras. La secretaría saca resoluciones anticonstitucionales y no cumple con los decretos de creación de la Dypgam (directores de carrera y con antigüedad).
¿Cuántos y quiénes somos?
Hay problemas que se mantienen y no los podemos resolver a pesar de que hay responsables e instituciones específicas como la secretaría de Minería de la Nación. Por caso, el Consejo Federal de Estados Mineros (Cofemi) no contribuyó en nada a la normativa minera a revisar.
La Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi) desde que se creó tampoco puede decirse que hizo un aporte significativo. Los miembros del Comité Ejecutivo deliberan mañana en Catamarca, en el marco del III Foro Internacional de la Mujer Trabajando en Minería.
Trascendió que los integrantes de Ofemi llevarán a cabo una Asamblea en la Residencia de Villa Parque Chacabuco, donde almorzarán junto con la gobernadora Lucía Corpacci. Por la tarde visitarán Casa de Gobierno y luego participarán del cierre del Foro de Mujeres Mineras.
Qué bueno que se reúne la Ofemi (¿?)
A esta altura del partido estas organizaciones tienen la posibilidad y la obligación de decir qué vamos a hacer con la minería en el país, sin la excusa de recurrir –como ya lo hicieron varias veces- al contexto mundial para justificar el presente de la actividad en las provincias mineras.
No hagan comisiones, por favor, que después no funcionan. Dejen de lado el argumento de crisis internacional porque, casualmente, estas circunstancias son las que pueden potenciar y favorecer las inversiones mineras en el país.
Así que, por el contrario, seamos inteligentes y optimistas. Esta coyuntura de crisis es la mejor oportunidad para que Nación y Provincia puedan ofrecerse al mundo como una alternativa para hacer minería sustentable en situaciones difíciles para la actividad.
Tomar distancia de la anomia
Plantéense por qué creen que la aplicación de la anomia o el desconocimiento sistemático del Código Minero va a ser más eficaz que sentarse y acordar con las empresas interesadas mejores ganancias para cada provincia.
Hagamos una cosa simple, como conversar y lograr un consenso regional, sino cambiemos directamente el marco regulatorio, porque andamos rozando todo el tiempo lo inconstitucional mientras le modificamos todo el tiempo las reglas del juego a los inversores.
¿No podemos ponernos de acuerdo para sacar una iniciativa en la que cualquier mina que se explote, las utilidades para la provincia y/o la región sean de un 20, 30 o 50 %, según el tipo y características de la reserva minera?
No se compliquen la vida y no confundan a las comunidades mineras y a los empresarios. Establezcan entre todos un porcentaje de ganancia de acuerdo con las características de cada yacimiento y tomen decisiones.
Le pongamos punto final a la anomia. Terminemos con los artilugios oficialistas ineficaces y ociosos.
Por Juan Carlos Andrada (De la Redacción del Diario LA UNION)
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