El intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, se presentó ayer en la Fiscalía para declarar sobre los hechos ocurridos en 2010, cuando en el Concejo Deliberante, mientras él era concejal, se trataron los denominados súper poderes para el entonces jefe comunal José Perea, quien quedó habilitado para decidir el destino de hasta 900 mil pesos de regalías mineras sin la revisión previa del cuerpo.Tras la votación, el sector antiminero comenzó a increpar a los concejales, rompieron las bancas y no les permitieron abandonar el edificio.
Martín Garay, quien por ese entonces era el presidente del cuerpo, radicó la denuncia correspondiente.
A la salida de Fiscalía, Páez recordó que durante la sesión se trató un informe de impacto ambiental de la empresa Agua Rica y que todo se desarrolló con normalidad.
“Esa sesión terminó con normalidad, se arrió la bandera y me fui a mi domicilio”, afirmó. Y acotó que se enteró de los hechos al día siguiente por los medios de comunicación.
La denuncia radicada por Garay es contra miembros de la Asamblea El Algarrobo y particulares que estuvieron en el interior del recinto.
Se estima que la Justicia también citaría a los concejales y a los ex concejales que se desempeñaban en ese año.
En tanto, Páez descartó que sea citado a declarar nuevamente y consideró que lo expuesto ante la Justicia es lo que recuerda que pasó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario