Por: Juan Carlos Andrada
Cuando en el sistema democrático la cadena de responsabilidades se rompe por la disfuncionalidad de los poderes del Estado o la ineficiencia de funcionarios mediocres, ¿cómo hacer para recuperar el rol del Gobierno y alcanzar nuevamente el equilibrio social?La pregunta es importante para explicar la realidad de la actividad minera en varias provincias argentinas, y en particular los casos de Andalgalá y Tinogasta, localidades del Oeste catamarqueño con una notable y precaria estabilidad.
Sin duda, cada acción política, legislativa o judicial es un eslabón en la cadena interminable de causas y efectos en la sociedad, en la que cada consecuencia se convierte a su vez en una nueva causa, otorgándole a los hechos una tendencia que puede pasar de lamentable a peligrosa. Veamos.
Los eslabones de la cadena
En esta cadena infinita de causas y efectos cada eslabón está constituido por una aleación de acciones de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que por lo general damos por supuesto que cumplen su función y razón de ser que justifica su existencia.
Sin embargo, cuando el Estado nacional, provincial o municipal procede anacrónicamente (como sucedió en este caso en las localidades mineras mencionadas), deja expuesta la ruptura de la cadena de responsabilidades y, peor aún, no sabe cómo restaurarla.
A esta altura, pregunta obligada, cuando un funcionario no cumplió su rol de administrador de la Justicia, ¿cómo o por qué habría de tomar cartas en el asunto ahora, haciendo lo que no hizo antes en tiempo y en forma?
“Por la ventana no”
Para entender la inseguridad institucional y el desconcierto social como consecuencias en la actualidad, hay que viajar hasta el origen de la inoperancia y las torpezas de los administradores que tenían que hacer exactamente todo lo contrario.
No solo que no hicieron lo que tenían que hacer individualmente, sino que nunca coordinaron acciones en el mismo sentido, a partir de coincidencias constitucionales elementales. Lo malo es que muchos de esos burócratas siguen en los mismos cargos.
Se entiende entonces por qué en lugar de ordenar y garantizar la paz se potenciaron las arbitrariedades de quienes desconocen adrede las puertas de la democracia y buscan meterse por la claraboya. Más allá de los discursos anti o promineros, su legitimidad o fanatismo, el problema es manejarse por fuera del marco legal y el sistema democrático.
Vergüenza ajena
El punto es que si se rompe la cadena de responsabilidades se trastoca el equilibrio y, por tanto, se afecta el tejido social, alcanzando dimensiones inimaginables al principio, y hoy difícilmente reparables si no se procede con tino y contención, en el caso Andalgalá y Tinogasta.
La pérdida de confianza de la sociedad en los organismos de contralor, jueces, fiscales, políticos, funcionarios, empresarios, no es gratuita. Tampoco se perdió de un día para otro. Se hizo lo suficiente en materia de descrédito como para sentir vergüenza ajena.
No obstante, esto no es todo. La inconsistencia estatal se traduce como inseguridad jurídica. Al Estado no le alcanza ni siquiera para garantizar el libre tránsito en la zona, de tal forma que ningún inversionista dará un solo paso en esta dirección.
Si antes no se aclaran las nuevas reglas del juego y no se garantiza la libre circulación en Catamarca para quienes quieran apostar y trabajar en la jurisdicción, el presagio es que muy pocas inversiones devendrán bajo estas frágiles condiciones.
¿Qué emprendimiento se podría sumar en la provincia si ni siquiera se puede transitar libremente? Ningún discurso político sería lo suficientemente persuasivo como para convencer a un empresario de invertir en Catamarca, si los hechos marcan que pueden pasar meses y años sin que un bloqueo se levante.
No me afecta en lo inmediato, no me importa
Claro que la visión cambia de acuerdo con la distancia que se tiene del daño y las consecuencias. No ver de qué manera nos afecta esta inconsciencia política-institucional a los catamarqueños es parte del problema. Innegablemente la Justicia no hace su trabajo hace años.
Pasó, por ejemplo, que miembros de la Corte de Justicia, tras verse impedidos de salir del edificio donde deliberaban por un grupo de personas que exigían la celeridad de algunas causas, reaccionaron inmediatamente y con absoluta contundencia legal hacia los manifestantes.
No hay, evidentemente, lógica de proporción, y hasta queda claro que la molestia personal de los magistrados del máximo Tribunal de Justicia de la provincia por llegar a comer a sus domicilios es más importante que los intereses y el futuro de los catamarqueños. Al menos sus preocupaciones se revelan de esta manera.
Las incoherencias de los poderes del Estado impidieron que se crezca y se avance en una sola dirección. Hacer leyes que no se respetan o discursos que suenan bien, pero que la historia y los actuales acontecimientos contrastan gravemente, exhiben a jueces, legisladores y políticos como funcionarios ingenuos ante una sociedad madura.
Lo recordamos por enésima vez, la política, la economía y la Justicia deben servir a la gente, y no al revés.
No hay comentarios:
Publicar un comentario