La Provincia se constituyó como querellante particular en las causas que la Justicia lleva adelante por los bloqueos antimineros que grupos de ambientalistas realizan en la ruta 60 desde febrero de este año.
El fiscal de Estado, Marcos Denett, informó que la presentación se realizó por mandato de la gobernadora, Lucía Corpacci, y tras analizar aspectos técnicos que fundamentan la intervención del Estado. "Se debatió con los abogados de la Fiscalía de Estado para analizar la legitimación de que la Provincia intervenga en esto, porque en definitiva la presentación de la Fiscalía es la del Gobierno. Los abogados están en Tinogasta haciendo todas las presentaciones", explicó el funcionario.
Denett cuestionó los reclamos de grupos ambientalistas y aseguró que casi en su totalidad los integrantes provienen de otras provincias. "Vienen de otros lados con fines espurios y llevan adelante esta movida perjudicando a la Provincia y eso no lo vamos a permitir", señaló. Además, apuntó a la Justicia y manifestó que va a "exigirle que se haga cargo de las responsabilidades que le correspondan".
En el marco de las causas, explicó, hay más de 50 personas individualizadas. "Vamos a querellarlos uno por uno y vamos a trabajar activamente con la Fiscalía de Instrucción de Tinogasta a los fines de que el delito cometido no tenga consecuencias ulteriores", dijo.
Denett recordó que la medida adoptada por ambientalistas no solo obstaculizó el tránsito terrestre, sino que también afectó a la autoridad y al orden institucional, ya que cuando la Justicia "de forma pacífica" les notificó que debían liberar la ruta no lo hicieron.
Finalmente, respondió a las acusaciones de la fiscal de Tinogasta, Silvia Álvarez, quien aseguró que el Gobierno es quien tiene la responsabilidad de actuar en los bloqueos. El funcionario consideró que se trata de “manifestaciones desafortunadas”. "Acá si hay alguien que es respetuoso de la Constitución y del estado de derecho es este Gobierno. Existen las actuaciones judiciales de esta denuncia, y al tomar estado judicial es consecuencia única y exclusiva de la Justicia", acotó.
Agregó que los fiscales que llevan adelante la investigación no respetaron el Código Procesal Penal de la Provincia, que establece que la investigación tiene que evitar que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores. "Acá las consecuencias están claramente determinadas, porque no solo se afectó al tránsito nacional, provincial e internacional, sino también la ciudadanía en general", concluyó.
El fiscal de Estado, Marcos Denett, informó que la presentación se realizó por mandato de la gobernadora, Lucía Corpacci, y tras analizar aspectos técnicos que fundamentan la intervención del Estado. "Se debatió con los abogados de la Fiscalía de Estado para analizar la legitimación de que la Provincia intervenga en esto, porque en definitiva la presentación de la Fiscalía es la del Gobierno. Los abogados están en Tinogasta haciendo todas las presentaciones", explicó el funcionario.
Denett cuestionó los reclamos de grupos ambientalistas y aseguró que casi en su totalidad los integrantes provienen de otras provincias. "Vienen de otros lados con fines espurios y llevan adelante esta movida perjudicando a la Provincia y eso no lo vamos a permitir", señaló. Además, apuntó a la Justicia y manifestó que va a "exigirle que se haga cargo de las responsabilidades que le correspondan".
En el marco de las causas, explicó, hay más de 50 personas individualizadas. "Vamos a querellarlos uno por uno y vamos a trabajar activamente con la Fiscalía de Instrucción de Tinogasta a los fines de que el delito cometido no tenga consecuencias ulteriores", dijo.
Denett recordó que la medida adoptada por ambientalistas no solo obstaculizó el tránsito terrestre, sino que también afectó a la autoridad y al orden institucional, ya que cuando la Justicia "de forma pacífica" les notificó que debían liberar la ruta no lo hicieron.
Finalmente, respondió a las acusaciones de la fiscal de Tinogasta, Silvia Álvarez, quien aseguró que el Gobierno es quien tiene la responsabilidad de actuar en los bloqueos. El funcionario consideró que se trata de “manifestaciones desafortunadas”. "Acá si hay alguien que es respetuoso de la Constitución y del estado de derecho es este Gobierno. Existen las actuaciones judiciales de esta denuncia, y al tomar estado judicial es consecuencia única y exclusiva de la Justicia", acotó.
Agregó que los fiscales que llevan adelante la investigación no respetaron el Código Procesal Penal de la Provincia, que establece que la investigación tiene que evitar que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores. "Acá las consecuencias están claramente determinadas, porque no solo se afectó al tránsito nacional, provincial e internacional, sino también la ciudadanía en general", concluyó.
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