domingo, 19 de junio de 2011

Locales - Política. Rechazan pedido de desafuero de Perea

El juez de control de garantías de Andalgalá le dijo a la fiscal que continúe investigando
Para el juez, no hay necesidad de desaforar a Perea en esta etapa de la investigación por el uso de regalías.

El juez de Control de Garantías de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro, rechazó el pedido de desafuero del intendente y senador electo, José Perea, y consideró que la fiscal Marta Graciela Nieva debe seguir investigando al jefe comunal y a sus funcionarios por presuntas irregularidades en la autorización administrativa de los gastos de las regalías mineras.
En una resolución firmada el viernes, Cecenarro dispuso rechazar la investigación jurisdiccional solicitada por la fiscal, considerando que le compete a ella iniciar tal investigación; y además rechazó el pedido de desafuero por entender que, en el actual estado de la causa, no hay obstáculos para que Perea, como senador electo, sea sometido a las disposiciones de la Justicia, ser investigado y hasta imputado.
Para el juez, Perea goza como legislador electo de inmunidad de arresto pero no de proceso y, por tanto, puede ser sometido a la investigación judicial. Además, considera que con los elementos que hasta ahora hay en la causa, no se presume que el intendente pueda ver restringida su libertad. De avanzar la causa hacia esa instancia -entiende- recién sería necesario el pedido de desafuero de parte de la fiscal.
En su resolución, el magistrado también solicita mayor celeridad en la tramitación del expediente. Es que la causa tiene una antigüedad de tres años mientras las leyes marcan que la investigación penal preparatoria debería realizarse en un plazo de 60 días.
La fiscal Nieva ya imputó al secretario de Gobierno municipal, Ariel Giordani; al secretario de Hacienda, Oscar Nemer, a la directora de Hacienda, María de los Ángeles Araya, al jefe del área Contable, Luis Darío Ramírez, y al fiscal municipal, Daniel Oscar Farroni, por el delito de abuso de autoridad en sentido propio por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa es por 24 hechos en los que Perea y sus funcionarios habrían eludido las normativas provinciales vigentes -cuyo control compete al Tribunal de Cuentas- en el uso de regalías mineras y, en cambio, habrían dictado decretos municipales autorizando la ejecución de obras y contrataciones para la concreción de esas obras, invocando una supuesta autonomía municipal.
Fuente: El Ancasti

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