Es bienvenida, finalmente, la reacción oficial frente al deterioro socio-económico que se vino produciendo en el país durante los últimos años. Dicho esto, llama la atención el enfoque que adopta el Gobierno, otra vez negando la potencia de la política social para paliar los problemas.
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"El problema no es la pobreza. Sino la inequidad social y la distribución del ingreso", explicó hoy Cristina Fernández. La frase esconde una falacia: desigualdad y pobreza son caras de la misma moneda. Hay pobreza porque hay desigualdad, y el gobierno sigue insistiendo en eludir la solución de fondo que sería armar una nueva política social que iguale el punto de partida de los más desprotegidos de la sociedad.
Con el plan anunciado hoy, orientado a crear empleos a través de cooperativas, por un monto de 9000 millones de pesos (que no se sabe de dónde van a salir, dados los problemas fiscales), el oficialismo confirma su enfoque "trabajista": según el economista Guillermo Cruces, del CEDLAS de la universidad de La Plata, el gobierno confía solamente en crear empleos como forma de combatir la exclusión. Y la realidad indica que eso no alcanza, como no alcanza el crecimiento económico. En este sentido, la administración K se mantiene en el paradigma del "derrame" que primó en los 90s, rechazando la reformulación de la política social. Nada nuevo hay para los niños, mujeres y jóvenes que no están en condiciones de trabajar, por múltiples razones.
Bajar la desigualdad y la pobreza requiere de políticas para que suba la participación en el ingreso de los más pobres. Para eso es necesario articular política laboral, tributaria, educación, y especialmente ampliar la política social. En el caso argentino, los planes sociales son (con algunos parches) los mismos que en 2002, luego de la crisis. De hecho, están cerrados desde entonces, salvo el pasaje del Plan jefes al Plan Familia. Los nuevos pobres (resultado de la mezcla de problemas educativos, informalidad e inflación no reconocida) no pueden entrar ni tienen lugar adonde ir. Los montos, a su vez, están muy retrasados en función de lo que ha sido la inflación durante todos estos años (manipulación del IPC mediante).
"El estado no está para regalar cosas", dice la Presidenta. Nadie habla de regalos, sino del derecho a otorgar un ingreso mínimo para los indigentes, que en general son menores, jóvenes y mujeres. Recién ahora, tras las investigaciones de la prensa, las denuncias de la Iglesia y la presión opositora, la Presidenta admite que se discuta en el Congreso la propuesta de la CTA de un ingreso universal por hijo. Muchos son los proyectos que hay en esa línea, pero resulta evidente que la prioridad ?dada la escasez de recursos- es hacer foco en los pobres a los que no llega ayuda estatal. No como un regalo, sino como un derecho (que puede estar acompañado de un incentivo a la escolaridad y la atención médica).
"Siempre nos exigen publicidad sobre los pobres y secreto sobre los ricos", se quejó Cristina. En realidad, hacer una política social eficaz y que tenga impacto en los indicadores de pobreza y desigualdad exige, primero, saber donde estamos parados, lo que obliga a un sinceramiento de las estadísticas del INDEC. Por otro lado, exige conocer quienes son los beneficiarios, cual es su situación actual, cuáles son sus necesidades, para poder hacer una política pública que realmente incremente su integración social. No se trata de invadir la vida de los pobres, sino de ayudarlos en su creciente inserción social.
La experiencia de Brasil es aleccionadora y está a mano: una macro ordenada, crecimiento y aumento en ingresos laborales se complementan con un aumento notable de cobertura de la política social (transferencias del Estado, especialmente el Plan Bolsa Familia). Entre 2001 y 2006 hay una baja sostenida en la desigualdad (1,2 % por año promedio) y el ingreso per cápita del 10 % más pobre sube un 11 % promedio por año (4 veces el promedio nacional, que es de 2,6 %). En reducción de la pobreza, Brasil hizo en 4 años lo que le tomó 15 al resto de América Latina: la bajó más de 10 puntos en 4 años. Casi 30 millones de persones entraron a la clase media en ese período.
El gobierno tuvo en su elenco gente capacitada para encarar estos cambios, como Daniel Arroyo, quien dejó el Ministerio de Desarrollo social nacional, recaló en la provincia de Buenos Aires, y acaba de ser reemplazado por un Intendente sin experiencia en el tema. Arroyo innovó con un plan de transferencias directas a través de tarjetas en Buenos Aires, pero sus ideas nunca fueron aceptadas en los más alto del poder. Hasta lo culpan de la derrota bonaerense por haber evitado el clientelismo. Justamente, el nuevo plan parece una forma de responder al desafío del peronismo disidente, blindando el control social del Conurbano a través de estas cooperativas que dependerán del dinero público.
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"El problema no es la pobreza. Sino la inequidad social y la distribución del ingreso", explicó hoy Cristina Fernández. La frase esconde una falacia: desigualdad y pobreza son caras de la misma moneda. Hay pobreza porque hay desigualdad, y el gobierno sigue insistiendo en eludir la solución de fondo que sería armar una nueva política social que iguale el punto de partida de los más desprotegidos de la sociedad.Con el plan anunciado hoy, orientado a crear empleos a través de cooperativas, por un monto de 9000 millones de pesos (que no se sabe de dónde van a salir, dados los problemas fiscales), el oficialismo confirma su enfoque "trabajista": según el economista Guillermo Cruces, del CEDLAS de la universidad de La Plata, el gobierno confía solamente en crear empleos como forma de combatir la exclusión. Y la realidad indica que eso no alcanza, como no alcanza el crecimiento económico. En este sentido, la administración K se mantiene en el paradigma del "derrame" que primó en los 90s, rechazando la reformulación de la política social. Nada nuevo hay para los niños, mujeres y jóvenes que no están en condiciones de trabajar, por múltiples razones.
Bajar la desigualdad y la pobreza requiere de políticas para que suba la participación en el ingreso de los más pobres. Para eso es necesario articular política laboral, tributaria, educación, y especialmente ampliar la política social. En el caso argentino, los planes sociales son (con algunos parches) los mismos que en 2002, luego de la crisis. De hecho, están cerrados desde entonces, salvo el pasaje del Plan jefes al Plan Familia. Los nuevos pobres (resultado de la mezcla de problemas educativos, informalidad e inflación no reconocida) no pueden entrar ni tienen lugar adonde ir. Los montos, a su vez, están muy retrasados en función de lo que ha sido la inflación durante todos estos años (manipulación del IPC mediante).
"El estado no está para regalar cosas", dice la Presidenta. Nadie habla de regalos, sino del derecho a otorgar un ingreso mínimo para los indigentes, que en general son menores, jóvenes y mujeres. Recién ahora, tras las investigaciones de la prensa, las denuncias de la Iglesia y la presión opositora, la Presidenta admite que se discuta en el Congreso la propuesta de la CTA de un ingreso universal por hijo. Muchos son los proyectos que hay en esa línea, pero resulta evidente que la prioridad ?dada la escasez de recursos- es hacer foco en los pobres a los que no llega ayuda estatal. No como un regalo, sino como un derecho (que puede estar acompañado de un incentivo a la escolaridad y la atención médica).
"Siempre nos exigen publicidad sobre los pobres y secreto sobre los ricos", se quejó Cristina. En realidad, hacer una política social eficaz y que tenga impacto en los indicadores de pobreza y desigualdad exige, primero, saber donde estamos parados, lo que obliga a un sinceramiento de las estadísticas del INDEC. Por otro lado, exige conocer quienes son los beneficiarios, cual es su situación actual, cuáles son sus necesidades, para poder hacer una política pública que realmente incremente su integración social. No se trata de invadir la vida de los pobres, sino de ayudarlos en su creciente inserción social.
La experiencia de Brasil es aleccionadora y está a mano: una macro ordenada, crecimiento y aumento en ingresos laborales se complementan con un aumento notable de cobertura de la política social (transferencias del Estado, especialmente el Plan Bolsa Familia). Entre 2001 y 2006 hay una baja sostenida en la desigualdad (1,2 % por año promedio) y el ingreso per cápita del 10 % más pobre sube un 11 % promedio por año (4 veces el promedio nacional, que es de 2,6 %). En reducción de la pobreza, Brasil hizo en 4 años lo que le tomó 15 al resto de América Latina: la bajó más de 10 puntos en 4 años. Casi 30 millones de persones entraron a la clase media en ese período.
El gobierno tuvo en su elenco gente capacitada para encarar estos cambios, como Daniel Arroyo, quien dejó el Ministerio de Desarrollo social nacional, recaló en la provincia de Buenos Aires, y acaba de ser reemplazado por un Intendente sin experiencia en el tema. Arroyo innovó con un plan de transferencias directas a través de tarjetas en Buenos Aires, pero sus ideas nunca fueron aceptadas en los más alto del poder. Hasta lo culpan de la derrota bonaerense por haber evitado el clientelismo. Justamente, el nuevo plan parece una forma de responder al desafío del peronismo disidente, blindando el control social del Conurbano a través de estas cooperativas que dependerán del dinero público.
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