Desde el Concejo Deliberante se expresaron contra la nueva Reglamentación de Regalías Mineras

Desde el Concejo Deliberante andalgalense se aprobó en el día de ayer un proyecto de comunicación para solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal para que realice todas las previsiones necesarias para la defensa de la autonomía Municipal y la protección de recursos de regalías mineras del Departamento. El proyecto contó con el acompañamiento de cinco de los siete concejales. No acompañaron Gustavo Álvarez y Ramón Ocampo, ambos del FPV.

En la primera Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de este año, realizada este martes, y en un proyecto de interbloque, se expresaron contra el Decreto que reglamentaría la Ley de Distribución Secundaria de Regalías Mineras. Las voces del órgano legislativo hablaron de la inconstitucionalidad de dicho Decreto y del avasallamiento a las autonomías municipales.
La edil Leila Fuentes (FCS) expresó “Esta unidad de democrática no tiene nada, porque son todos funcionarios Corpaccistas, Ministros puestos por el dedo de la Gobernadora”, Fuentes habló del roll que supuestamente cumpliría esta nueva Unidad de gestión que tiene como finalidad analizar, evaluar, asesorar, formular, y aprobar los proyectos de inversión para obras de infraestructura, en cuanto a esto dijo “estas funciones son plenas de los concejos deliberantes  y nosotros como Concejales no la vamos a ceder a nuestra potestad legítima”.
La edil, única oradora de la sesión, cargó contra la desición de la Gobernadora y el Ministro Mercado en el uso de los fondos mineros y el beneficio que redunda a la comunidad de Andalgalá como rutas, hospitales y otras “¿Donde están las obras de Corpacci y Mercado con los fondos de regalías mineras que quedan en la provincia durante este año y meses de gestión?”
El proyecto de comunicación, por medio del cual los concejales fijaron su posición en contra de esta medida del gobierno provincial, insta en su artículo primero al Intendente Municipal de Andalgalá que “a través del área de incumbencia y en el hipotético caso de entrar en vigencia el Decreto cuestionado, emanado del poder ejecutivo provincial, proceda de manera urgente a concretar la acción judicial pertinente ante el órgano jurisdiccional competente”.
En su artículo segundo, el instrumento establece “Elévese el presente instrumento al órgano legislativo provincial, ambas cámaras, para su conocimiento y posterior viabilización de los mecanismos administrativos, legales y políticos que fueran menester a fin de impedir la entrada en vigencia del Decreto”.