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Diputados del bloque mayoritario le pidieron al ministro de Defensa, Oscar Aguad, que apele en la Justicia ante la desestimación de la denuncia. |
El presidente del bloque Humberto Valdéz , junto a los diputados Marita Colombo, Luis Lobo Vergara, Marisa Nóblega, Verónica Rodríguez Calascibetta, María Alejandra Pons, Genaro Contreras y Jorge Sosa enviaron ayer la nota. “Solicitamos que arbitre los medios necesarios para que la DGFM apele la decisión del juez federal que afecta principios básicos elementales asumidos por “Cambiemos” de denunciar la impunidad y la corrupción estructural del Gobierno anterior”, expresan los legisladores.
“ En caso de no hacerlo nos veríamos en la obligación de iniciar las medidas correspondientes, para conocer los motivos y fundamentos por los cuales se obvió proseguir una investigación sobre tan palmaria comisión de delitos”, señala.
Los legisladores se refieren a la denuncia penal que se inició en 2016 por el ex titular de Fabricaciones Militares, Héctor Lostri, por defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.
Luego recuerdan que la DGFM solicitó se investigue a los miembros del directorio de la empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado, especialmente al presidente del directorio Daniel Issi y a Ángel Jesús Mercado, miembro del directorio de Ymad, “por entender que estos se vinculan en la comisión de delitos junto a una red de compradores ilegales de rodocrosita que operan en la CABA, con derivaciones tales como Sergio Spolzky y Matías Garfunkel, actualmente investigados por delitos de defraudación contra la administración pública nacional y lavado de dinero”.
Licitación
La misiva revela que tras el pedido del fiscal federal Santos Reynoso por desestimar la causa, diputados del FCS se comunicaron con Luis Riva, actual interventor, quien habría informado que conocía la denuncia formulada por su antecesor, pero que no habían continuado con la sustanciación de la causa y que se estaba gestionando un acuerdo para subsanar entre ese organismo y CAMYEN la determinación y pago de la deuda de la concesionaria. Además, Riva adelantó que se prepararía una licitación pública para una nueva concesión del complejo minero, “habiendo quedado claro de esa conversación que a la fecha no se había firmado ningún acuerdo”.
Los legisladores resaltan que pese a que no se suscribió todavía un acuerdo entre CAMYEN y Fabricaciones Militares, el fiscal federal Santos Reynoso toma como argumento para la desestimación de la denuncia, “un supuesto contrato de reconocimiento de deuda por el pago del canon, que en realidad, a esa fecha se estaba discutiendo aún sin haberse concretado”.
“El cálculo de un nuevo monto en concepto de pago de canon no purga de manera alguna las irregularidades de un contrato que conforme a la denuncia del ex interventor Héctor Lostri resultaba leonino para el interés de la DGFM por la ausencia de mecanismos de control “.
La Dirección General de Fabricaciones Militares presentó la denuncia en septiembre de 2016 ante los tribunales de Comodoro Py.
La presentación fue por supuestas irregularidades en la comercialización de la rodocrosita que perjudicaría a Fabricaciones Militares, dueña del yacimiento. También se denunciaron supuestas irregularidades en la prórroga del acuerdo que el ex director de Fabricaciones Militares, Santiago Rodríguez (FV), firmó con la Provincia, por la que se extendió la concesión de la administración de la mina a CAMYEN.
La causa recayó en el juez federal Julián Ercolini, quien se declaró incompetente por considerar que se debía investigar en la jurisdicción donde sucedieron las supuestas irregularidades. Se gira a Catamarca y la investigación comienza en noviembre de 2016.
La DGFM envió veedores que detalló irregularidades. Pero este año la denuncia fue desestimada.
El Ancasti
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