Fiscalía de Estado presentó una denuncia penal contra el ex administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, Eduardo Brizuela del Moral (h), por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y falsificación de instrumento público. La presentación judicial se realizó el pasado viernes al mediodía ante la Fiscalía de Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial de Andalgalá.
La denuncia contra Brizuela del Moral (h) es por la construcción de 20 viviendas en la localidad andalgalense de Aconquija que, por irregularidades en los terrenos donde finalmente fueron edificadas, se encuentran en litigio y sin la posibilidad de que los eventuales beneficiarios puedan habitarlas.
La presentación judicial fue por una denuncia pública realizada por el actual secretario de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, el pasado 30 de julio durante el acto de lanzamiento del Programa “Mejor Vivir II – Cooperativas en Acción” - I Etapa. En esa oportunidad, Gutiérrez aseveró: “En Aconquija se construyó un barrio. Antes estaba en esta Secretaría el hijo del ex gobernador (Eduardo Brizuela del Moral (h), quien construyó un barrio de 20 viviendas y jamás lo pudo entregar porque lo edificó en un terreno que no existía, que no era del Estado, que lo usurpó”.
Fue a partir de ahí que la Dirección de Sumarios de Fiscalía de Estado abrió la investigación sobre la polémica construcción del barrio del IPV en Aconquija. También se fundamentó con la denuncia que realizaron vecinos de Aconquija a través del programa de “Participación Ciudadana” de Fiscalía de Estado, que a su vez ya había solicitado todos los antecedentes del caso a las actuales autoridades de la Secretaría de la Vivienda.
De hecho, esta denuncia fue la última orden impartida por el ex fiscal de Estado, Marcos Denett, quien encargó la acusación al abogado José Leonardo Berber, la que llevó un par de meses de investigación.
Impulsan la expropiación
Tras una reunión que mantuvieron senadores con el titular de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, se avanzó en la Cámara alta con un pedido de expropiación de los terrenos donde se edificaron las 20 viviendas en Aconquija.
El Senado aprobó la expropiación y el proyecto de ley con media sanción ya se encuentra en Diputados. “Solicitamos la expropiación y el proyecto está en Diputados para su tratamiento. Una vez expropiado (el predio con los terrenos en litigio) iremos a juicio y la Provincia pagará la expropiación de acuerdo con el valor fiscal", señaló Gutiérrez.
Mientras, hace cuatro años que las 20 viviendas de Aconquija quedaron trabadas por un planteo judicial.
Cambio de terrenos
La empresa ECOVIAL SRL, que ganó la licitación para la construcción de las 20 viviendas, compró los terrenos a Rodolfo Ramón Chazal.
Tras una subdivisión, ECOVIAL se queda con dos hectáreas para la construcción de viviendas y Chazal con otra fracción de las tierras.
Según la versión de Chazal, en 2005 se había establecido un compromiso verbal con el entonces jefe comunal de Aconquija, Pascual Adolfo Calderón -quien murió trágicamente el 19 de julio de ese año en un accidente de tránsito en Tucumán- por la compra de la otra fracción de tierra con las que se había quedado el propietario.
Entonces, Chazal le solicitó de formal verbal al representante de ECOVIAL cambiar la construcción de las viviendas al otro lote. Y el IPV pagó todos los certificados de obra sobre una edificación que no correspondía con el contrato original sobre los terrenos.
"Las unidades habitacionales se edificaron en una porción distinta a la supuestamente controlada y aprobada por el IPV, causando un importante daño al erario público", señala la denuncia.
La denuncia contra Brizuela del Moral (h) es por la construcción de 20 viviendas en la localidad andalgalense de Aconquija que, por irregularidades en los terrenos donde finalmente fueron edificadas, se encuentran en litigio y sin la posibilidad de que los eventuales beneficiarios puedan habitarlas.
La presentación judicial fue por una denuncia pública realizada por el actual secretario de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, el pasado 30 de julio durante el acto de lanzamiento del Programa “Mejor Vivir II – Cooperativas en Acción” - I Etapa. En esa oportunidad, Gutiérrez aseveró: “En Aconquija se construyó un barrio. Antes estaba en esta Secretaría el hijo del ex gobernador (Eduardo Brizuela del Moral (h), quien construyó un barrio de 20 viviendas y jamás lo pudo entregar porque lo edificó en un terreno que no existía, que no era del Estado, que lo usurpó”.
Fue a partir de ahí que la Dirección de Sumarios de Fiscalía de Estado abrió la investigación sobre la polémica construcción del barrio del IPV en Aconquija. También se fundamentó con la denuncia que realizaron vecinos de Aconquija a través del programa de “Participación Ciudadana” de Fiscalía de Estado, que a su vez ya había solicitado todos los antecedentes del caso a las actuales autoridades de la Secretaría de la Vivienda.
De hecho, esta denuncia fue la última orden impartida por el ex fiscal de Estado, Marcos Denett, quien encargó la acusación al abogado José Leonardo Berber, la que llevó un par de meses de investigación.
Impulsan la expropiación
Tras una reunión que mantuvieron senadores con el titular de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, se avanzó en la Cámara alta con un pedido de expropiación de los terrenos donde se edificaron las 20 viviendas en Aconquija.
El Senado aprobó la expropiación y el proyecto de ley con media sanción ya se encuentra en Diputados. “Solicitamos la expropiación y el proyecto está en Diputados para su tratamiento. Una vez expropiado (el predio con los terrenos en litigio) iremos a juicio y la Provincia pagará la expropiación de acuerdo con el valor fiscal", señaló Gutiérrez.
Mientras, hace cuatro años que las 20 viviendas de Aconquija quedaron trabadas por un planteo judicial.
Cambio de terrenos
La empresa ECOVIAL SRL, que ganó la licitación para la construcción de las 20 viviendas, compró los terrenos a Rodolfo Ramón Chazal.
Tras una subdivisión, ECOVIAL se queda con dos hectáreas para la construcción de viviendas y Chazal con otra fracción de las tierras.
Según la versión de Chazal, en 2005 se había establecido un compromiso verbal con el entonces jefe comunal de Aconquija, Pascual Adolfo Calderón -quien murió trágicamente el 19 de julio de ese año en un accidente de tránsito en Tucumán- por la compra de la otra fracción de tierra con las que se había quedado el propietario.
Entonces, Chazal le solicitó de formal verbal al representante de ECOVIAL cambiar la construcción de las viviendas al otro lote. Y el IPV pagó todos los certificados de obra sobre una edificación que no correspondía con el contrato original sobre los terrenos.
"Las unidades habitacionales se edificaron en una porción distinta a la supuestamente controlada y aprobada por el IPV, causando un importante daño al erario público", señala la denuncia.
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