domingo, 22 de agosto de 2010

Mineria- Más de 30 ciudadanos piden amparo judicial

Temen por la reacción de asambleístas. El juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro, confirmó a El Ancasti que se han tramitado un número atípico de recursos de amparos, tanto en el Juzgado Civil, a cargo del Juez Francisco Escipión Scidá, como en el juzgado de Control de Garantías a su cargo, dirigidos a prevenir inconvenientes a raíz del ultimátum de grupos antimineros.
Explicó que los amparistas son un poco más de treinta personas; y en todos los casos accionaron contra el grupo de Autoconvocados por la Vida y/o Asamblea El Algarrobo. También indicó que, en algunos casos, la demanda se realiza contra personas identificadas, de quienes se conocen que pertenecen a grupos antimineros.
En julio, a través de un comunicado difundido por la asamblea El Algarrobo, los antimineros dieron un ultimátum a la empresa para que cierre, definitivamente, el emprendimiento en Andalgalá.
"Son distintos grupos de amparos, no los podemos poner a todos dentro de las mismas características. En el primer ingreso se presentaron tres amparos en este Juzgado de Control de Garantías, en estos casos me inhibí yo, porque en uno de ellos figura un pariente consanguíneo dentro de los grados de excusación que establece la ley; por otro lado, hay una persona que la he denunciado penalmente y que también lo establece la ley como causa para el apartamiento, tanto en el procesamiento civil como en el penal, por lo cual me he inhibido", indicó con respecto a la primera presentación. "Con posterioridad se presentó un amparo colectivo de nueve personas; luego otro con diez o quince y finalmente otro también en grupo" -explicó el magistrado.
Cecenarro confirmó también que otros recursos se presentaron en el Juzgado Civil y siguen el curso normal.
Finalmente, informó que la empresa Agua Rica no presentó todavía ninguna medida judicial aunque sí lo hicieron empleados de la empresa que solicitaron que se dicten medidas cautelares en defensa del derecho del trabajo y contra posibles acciones violentas de los antimineros.
Fuente: El Ancasti

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