El grupo de ambientalistas agrupados en la autodenominada asamblea El Algarrobo, en el departamento Andalgalá, causaron destrozos y tomaron el Concejo Deliberante de esa ciudad, molestos por el revés legislativo de una ordenanza que pretendía poner tope al monto que el intendente José Perea puede disponer sin control del órgano deliberativo (ver Superpoderes).
Si bien la temática no está relacionada directamente con la minería, los activistas comenzaron a dar cumplimiento a sus advertencias de que intervendrán “en toda” la vida institucional de La Perla del Oeste. Pero ayer, lejos de comportarse como ciudadanos -tal como dijeron que actuarían al hacerse presente en la sesión-, se instalaron detrás de los concejales y presionaron para que se avance en el freno a la libre disponibilidad, que actualmente tiene Perea, no sólo con los recursos, sino en el manejo de la obra pública.
Luego de la votación, los asambleístas rompieron los títulos de los ediles, que estaban colgados en las paredes del edificio, insultaron y amenazaron a todos los que no coincidieron con su posicionamiento, y siguieron su violento raid en el recinto de sesiones, donde rompieron una de las bancas. Terminaron su violenta incursión tomando el edificio, e impidiendo que los concejales que habían votado a favor de los “superpoderes” del jefe comunal puedan salir.
Pasadas las 14.00, se hizo presente la fiscal Marta Nieva, para evaluar la situación y, a partir de allí, determinar las medidas a tomar. Finalmente, los manifestantes se retiraron avanzada la siesta, previo diálogo con los ediles, quienes, según trascendió extraoficialmente, prometieron a los ambientalistas rever algunas normativas, que desde El Algarrobo consideran que hay que revisar, aunque no trascendió sobre qué temática se hará esa revisión.
El meollo de los superpoderes
Con una votación de 4 a 3 a favor, el intendente José Perea logró que las ordenanzas 040 y 041, que imponían límites en el manejo de los fondos y autorizaciones para la obra pública, no sean ratificadas por el Concejo Deliberante. De esta manera, quedó firme el veto que él había impuesto a ambas normas, ya que la oposición -si bien obtuvo mayoría- no logró los 5 votos necesarios para ratificar las limitaciones al intendente. Así, Perea continuará con el poder para disponer de los fondos por hasta un máximo de 900 mil pesos, para la realización de obras y que las mismas no pasen por el Concejo Deliberante.
La ordenanza 040 preveía un límite en estos fondos de hasta 20 mil pesos, y la ordenanza 041, que las obras debían ser autorizadas por el Concejo y no sólo por la Oficina de Planificación de la comuna.
Al no lograr los 5 votos necesarios para confirmar ambas normas, tal como lo prevé la Carta Orgánica municipal, el veto que había impuesto Pera quedó firme y él se quedó con los superpoderes.
Interrogantes
Los graves hechos de violencia del pasado 15 de febrero, cuando ambientalistas se enfrentaron con la policía, generaron un clima de tensión social en Andalgalá, que no se detiene, más allá de momentos de aparente calma. Ayer, se marcó otro hito de intolerancia y en unos 20 días expira el plazo que los asambleístas le otorgaron -unilateralmente- a la empresa Agua Rica, para que se vaya de esa ciudad. Es decir que, en un par de semanas, se podría repetir el mismo cuadro de violencia cuando se cumpla el plazo de la intolerante advertencia ambientalista.
Conociendo esta situación, ¿la Justicia no va a actuar? ¿No va a avanzar en las causas por daños o amenazas que hicieron los mismos actores que ayer tomaron el Concejo Deliberante? ¿No hay elementos suficientes para que alguno de los reconocidos activistas quede detenido? ¿Qué se espera: más violencia, un desenlace fatal? La Justicia tiene la respuesta.
Una edil del FCyS repudió la violencia
La concejal del Frente Cívico y Social Alcira Moreno repudió la violencia llevada adelante por grupos ambientalistas, luego de que los sectores opositores, entre los que estaba ella, no pudieran reunir los dos tercios necesarios para insistir con la ordenanza que limita los superpoderes del intendente José Perea. La edil confirmó a Radio Unión que “este sector de El Algarrobo dice que van a estar en todo, no sólo en el No a Agua Rica, sino en todo lo que se refiere al departamento, y estaban apoyando que se quiera aprobar esta ordenanza”.
“Ellos se presentaron como ciudadanos, y en el Concejo, cualquier ciudadano puede asistir, pero estuvieron en contra de esto, porque ellos quieren el control y no es la primera vez que van”, comentó la mujer.
“No estoy de acuerdo con lo que pasó, son instituciones que pertenecen al pueblo y no podemos hacer esto”, señaló la edil, quien dijo que escuchó los golpes y los gritos cuando ya se retiraba del edificio.
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