La difícil situación que atraviesa el sector productivo en Argentina, en particular las pymes, con el aumento de los costos de producción, motivó a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a solicitarle a los gobernadores provinciales que intervengan en el incremento del valor de distribución de la energía eléctrica que se otorgó en el último tiempo. Por esta razón, a mediados de febrero, se envió una carta a la gobernadora Lucía Corpacci solicitando una reducción del Valor Agregado de Distribución (VAD) que tuvo un incremento del 26,7% desde el primero de este mes.
El VAD es el componente de la tarifa con el que la empresa prestadora hace frente a gastos operativos, sueldos e insumos y es, además, el único de los ítems que conforma la tarifa que puede ser modificado en las propias provincias. Por esta razón es que, desde la CAME, piden la intervención de la primera mandataria ante la empresa estatal EC SAPEM, encargada de prestar el servicio de energía eléctrica en la provincia.
En la misiva, enviada a Corpacci con fecha de 15 de febrero, se explican los motivos de la solicitud. “Nos dirigimos a usted para solicitar tenga a bien considerar la rebaja del Valor Agregado de Distribución (VAD), en la provincia de Catamarca, a fin de reducir la tarifa eléctrica. Como es de conocimiento, este valor contempla los costos de transformación y distribución de la energía, mantenimiento de las líneas y administración de la empresa prestadora de energía eléctrica local”, reza la primera parte de la carta.
Luego, fudamentaron el pedido a Corpacci en razón del alto impacto que genera en las Pymes el último incremento en las tarifas eléctricas que, en el caso de Catamarca, si se suma el aumento a nivel nacional más el provincial, será de entre el 40 y 50 por ciento, a partir de mayo.
Ante esta situación, la CAME solicita una respuesta “urgente” al pedido, ya que estos incrementos podrían hacer inviables a algunos emprendimientos, por ejemplo del sector industrial.
“Consideramos necesario y urgente que se concrete nuestra petición debido al alto impacto que genera en las Pymes, a las que afecta de lleno en los costos de producción y obstaculiza las actividades, pudiendo hacerlas inviables en algunos sectores más afectados, como ser el industrial y el agropecuario”, plantearon en la carta remitida a la primera mandataria.
La misiva, que lleva la firma del presidente de la CAME, Fabián Tarrío, y del secretario general, José Bereciartúa, finaliza sosteniendo que “a fin de proteger las fuentes de trabajo, la producción y la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo y valor agregado de la economía nacional, es que solicitamos evaluar este importante requerimiento”.
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