Las modificaciones que se analizan es porque el Tribunal de Cuentas es una de las instituciones que demanda de urgente modernización si es que pretende cumplir con la competencia de “fiscalizar la percepción e inversión de los caudales públicos hechos por todos los funcionarios y administradores de la Provincia, municipalidades y comuna”, una de las competencias que establece la ley 4621/4637 de creación del Tribunal de Cuentas. La normativa data de la intervención federal y ha quedado añeja para su aplicación por el sobredimensionamiento del Estado provincial y por la aparición de nuevos fondos y programas que debe controlar, tal el caso de los recursos provenientes de las regalías mineras. La experiencia de los auditores del Tribunal señala que hoy la norma tiene vacíos legales, contradicciones y hasta limitantes que condicionan el trabajo del organismo.
Una de las mayores restricciones al control está en la misma ley 4621. Así el artículo 33 fija “la suspensión de las actuaciones cuando la responsabilidad pudiera alcanzar a los legisladores y funcionarios que están sujetos a juicio político. La ley establece que “el Tribunal de Cuentas comunicará a la Legislatura y reservará las actuaciones hasta que haya cesado en su cargo". Recién en esa oportunidad el Tribunal de Cuentas podrá traerlo a su jurisdicción a los efectos de fijar su responsabilidad.
En la aplicación práctica de la ley este inciso representa un condicionamiento para el control del gasto porque incluye a ministros, intendentes, concejales y hasta secretarios de algunas municipalidades. Por lo tanto, cuando llega una actuación de algún funcionario que pasó a ocupar un cargo electivo debe suspenderse la investigación. Según la experiencia del organismo, hay funcionarios que son reelectos o rotan en sus cargos legislativos y no pudieron ser investigados en más de dos décadas.
Por otra parte, el fiscal del TC, René García Olmedo, destacó que en la propuesta que elevó el organismo se introduce la posibilidad de que se realice un control preventivo de los actos administrativos, lo que contribuiría a la eficiencia de los actos del Gobierno.
CAMBIOS A LA LEY
La Comisión de Hacienda ya elaboró una propuesta para modificar la ley a partir de proyectos presentados por la diputada Silvia Moreta, el diputado Pablo Sánchez y otros proyectos que llegaron al organismo. Legisladores y autoridades del organismo coinciden en que es necesario modificar la legislación. Moreta sintetizó los cambios esenciales para la ley.
Establece la obligatoriedad a los miembros del Tribunal, como la de todos los funcionarios de presentar declaraciones juradas periódicas.
Se deja aclarado en diferentes artículos que los Controles del Tribunal de Cuentas son concomitantes y posteriores. El TC presentó una propuesta para realizar controles previos a los actos administrativos.
Se amplían facultades del Tribunal para exigir información y documentación.
Se modifica la ley al establecerse que deberán continuar los procesos de juicios sin importar si el funcionario asume un cargo en el que tiene fueros.
Establece tiempos perentorios para rendiciones, requerimientos del TC, como para definir situaciones de legalidad y sanciones.
Se posibilita que las comunicaciones de irregularidades no sólo sean de agentes del Estado, sino también denuncia de terceros.
Se prohibe establecer domicilio en las Oficinas Públicas . Se establecen nuevas formas de notificación a agentes o terceros
Una de las polémicas entre el TC y los diputados fue por la subrogancia en caso de ausencia del Presidente. El fiscal del Tribunal, René García Olmedo, dijo que el organismo consideró que quien debe reemplazar al presidente es un abogado para seguir los preceptos constitucionales que establece que la presidencia del Tribunal la ejerce un letrado. "Creemos que eso no debe modificarse porque está bien como está. Los cambios pasan por otro lado", dijo.
En cambio la comisión de Hacienda consideró que la subrogancia debe ser ejercida por uno de los vocales (contadores) ya que son funcionarios que tienen acuerdo del Senado.
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