Los vecinos pudieron dialogar telefónicamente con el señor Brizuela, propietario de la empresa local Ecovial, responsable de la construcción del conglomerado habitacional.
El propietario les indicó que pidió una prorroga en el Instituto Provincial de la Vivienda de 10 a 15 días para terminar con la plazoleta que debe tener el barrio y la colocación de cestos de basura para todas las viviendas.
Por su parte, Gisel, una joven madre que resultó preadjudicada, sostuvo que “nos urge el tema porque hay una necesidad habitacional importante. Las reuniones que tuvimos fueron para saber si podíamos hablar con alguien que nos ofrezca algún tipo de repuesta de alguna fecha cierta para la entrega de las viviendas, pero no hemos podido hablar con nadie del IPV, ya que están ellos de feria”.
Los vecinos que aseguran ser adjudicatarios sostuvieron que respetarán los 15 días que solicitó la empresa, “ya que el problema no es del IPV, por la demora en la entrega, sino de la empresa constructora”, admitió Gisel. Sin embargo, hasta que se termine con los trabajo en el barrio la idea es que se dé a conocer el listado definitivo de adjudicatarios, porque hasta el momento no se conoció con precisión.
"Hasta el día de hoy nos estamos manejando con dichos, nadie tiene algo cierto”, puntualizaron.
Las viviendas se encuentran custodiadas desde hace más de 10 días por efectivos de la Policía, ante el peligro de usurpación latente.
Las usurpaciones en Capital
Si para los vecinos de Andalgalá el IPV no tiene ninguna respuesta, menos aún para la gente que ya tomó por la fuerza las viviendas que estaban a medio construir en la Capital provincial, que son alrededor de 250 repartidas en 3 barrios que no fueron ni adjudicados ni terminados por las empresas constructoras.
Como ya lo informó este diario, la gente asumió que esas viviendas son ya de su propiedad, y las empresas de servicios las están abasteciendo como si así lo fueran: las empresas de cable y TV satelital instalan sus servicios en las casas usurpadas sin ningún tipo de problemas.
Mientras tanto, el IPV y la Secretaría de la Vivienda evitan hablar de su responsabilidad.
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