“La puesta en escena realizada por la Justicia en la Municipalidad de Valle Viejo demuestra el nivel de obediencia de un poder que debería obrar de manera independiente, y sin embargo hace, deshace y dispone según el interés y la voluntad de su mandamás del partido; que no sólo le indica cuándo moverse sino cuándo debe mandar un expediente a dormir la siesta en un cajón”, aseguró el funcionario.
“Lo que sucedió en Valle Viejo es de una gravedad institucional y complejidad extrema desde donde lo mire”, afirmó el doctor Sáenz, en referencia a la “inspección judicial” ordenada a partir de una denuncia realizada por Eduardo Brizuela del Moral.
“Nunca en la historia de la Argentina se dio un caso en que un funcionario al que se le pide que pague sus impuestos responda con una demanda penal contra los funcionarios municipales y mande a la Justicia a realizar un allanamiento, es un hecho inédito", expresó Sáenz.
El funcionario sostuvo en declaraciones a la prensa que la inusual situación “desnuda por completo la íntima relación que existe entre la Justicia y el Frente Cívico y Social”, lo cual “se manifiesta no sólo en estas torpezas, sino también en la selectividad de las respuestas, que hace que a tres años y medio de haber sido derrotado en las urnas no haya avanzado una sola denuncia contra los funcionarios salientes”.
“Cuando se trata de cajonear denuncias radicadas en contra de funcionarios del Frente Cívico por hechos de corrupción gravísimos, como lo son el negocio del hambre, las compras directas de Desarrollo Social, la obra de electrificación de Ampajango en Santa María, las triangulaciones financieras, los desguaces de las empresas de servicios públicos, los aerogeneradores de El Portezuelo, OSEP o el pozo de agua número 53; verdaderos monumentos a la corrupción… allí la Justicia no muestra reacción alguna sino que manda a las demandas a dormir la siesta hasta hacerlas prescribir en el olvido, asegurando la impunidad de cuanto funcionario se encuentre sospechado de un delito”, analizó.
“Salvo honrosas excepciones, hay una Justicia sometida y sumisa, de dos caras bien definidas, que muestra la actuación relámpago e inmediata o la inacción crónica, según convenga al Frente Cívico”, resumió, para advertir que “ni un estudiante de Derecho puede imaginarse que la persecución de pagos de un organismo del Estado puede dar origen a una acción penal: cualquier hijo de vecino debería haberse presentado a dar las explicaciones sin necesidad de producir desgastes innecesarios de tiempo y dinero que deberían destinarse a seguir trabajando para la comunidad”.
“El Frente Cívico y Social dispone de una Justicia delivery, a la que le indica lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, con la gravedad que esto implica para la vida institucional de la Provincia”, concluyó.
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