En esta jornada participaron representantes de los Estados, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de instituciones académicas y de organizaciones sindicales y sociales, que presentaron aportes para el proceso de elaboración del mencionado instrumento de la Corte IDH.
Gómez Alcorta destacó la importancia política de esta iniciativa, que aborda un tema clave para la vigencia de los derechos humanos en la región. Además, instó al Tribunal a utilizar un enfoque de género amplio, que tenga en cuenta los derechos de las mujeres y de las personas que integran el colectivo LGTBI+ y que, a partir de allí, desarrolle estándares sobre el alcance de las obligaciones de los Estados en materia de libertad sindical.
Luego agregó que “sería oportuno que el tribunal regional cuente con datos estadísticos desagregados por género, incluyendo la situación de las mujeres y de las personas LGTBI+, en especial las travesti y trans, en el mercado laboral por rama de actividad, y también dando cuenta de su participación en puestos directivos en el ámbito sindical”.
Gómez Alcorta señaló que los datos sobre Argentina muestran con contundencia la desigualdad de género en ámbito laboral y en el sindical. De allí destacó la importancia de que la Corte promueva políticas focalizadas tendientes a desmantelar esta situación y avanzar hacia la igualdad de género en estos ámbitos.
En concreto, enumeró diferentes propuestas para asegurar una participación equitativa entre los géneros en todas las ramas de la economía “a través de sistemas de cupos de participación de las mujeres en actividades y sectores en los que han estado excluidas o en los que todavía están insuficientemente representadas, especialmente en los puestos jerárquicos”. Agregó también que las acciones positivas deben “incluir estrategias para mejorar las condiciones laborales de las mujeres, estimular su efectivo ingreso y movilidad en el mercado de trabajo y resulta prioritaria la adopción de políticas integrales para estimular la participación de las personas travestis y trans en la economía formal”, señaló.
Además, enfatizó la necesidad de que el Tribunal promueva políticas tendientes a lograr una organización social del trabajo de cuidados más justa y equitativa. Puntualmente, pidió que inste a los Estados a implementar políticas específicas para reconocer, remunerar, distribuir y representar el trabajo del cuidado.
Por último, la ministra remarcó la importancia del Convenio 190 de la OIT, que establece un piso básico para las políticas encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación y la violencia en el mundo del trabajo.
Durante la ronda de preguntas, el juez Humberto Sierra Portos le solicitó detalles sobre el concepto de economía del cuidado, al que calificó como “novedoso”. La ministra respondió al respecto: “Nosotras hacemos mención a la organización social del cuidado, como los modos en los que la sociedad gestiona las tareas de cuidados, entendiéndolas como aquellas vinculadas al cuidado de personas en la primera infancia, personas adultas mayores, personas con discapacidad, y a todas las tareas relacionadas a la gestión de la vida familiar”. Finalmente, concluyó: “Estos trabajos históricamente han recaído en el ámbito familiar y, dentro de éste, en las mujeres. Esa carga inequitativa de la distribución de las tareas tiene impacto en todos los ámbitos de la vida, como en el acceso al mercado laboral y la restricción a la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+”.
Estuvieron presentes por parte de la Corte IDH los jueces Ricardo Pérez Manrique, Eugenio Raúl Zaffaroni, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, y Humbero Sierra Portos. También participaron Ricardo Marín Azofeifa, viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica; Rosa Seaman Sheran, viceministra de de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras; Juan Manuel Ochoa, asesor del despacho de la Procuradora General de Honduras, entre otros.
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