Hace 13 años, Arturo Aguirre debía asumir su banca como diputado electo por el Frente Cívico y Social, pero la nueva mayoría peronista de entonces se lo impidió por cuestiones “morales”, alegando que tenía una causa judicial pendiente por su gestión pública. Lo echaron del recinto en forma humillante frente a su familia y al público. Aguirre comenzó allí un largo camino en Tribunales. Días atrás, la Corte de Justicia le dio la razón a Aguirre y condenó al Estado provincial a pagarle por daño moral y patrimonial. A la fecha, serían unos $20 millones más los gastos del juicio.
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