Al respecto, consideró que “es una medida ineficaz para solucionar la inseguridad, empeora la situación en vez de resolverla, pues se basa en una falacia, ya que es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 14 y 15 años.”
Por otra parte, Díaz señaló que “es una medida efectista de corte electoralista, demagógica, que pone falso foco en que la inseguridad es culpa de los adolescentes y jóvenes, estigmatizando a los adolescentes pobres, mostrándolos como delincuentes, cuando son los niños y adolescentes sobre los que más impacta la pobreza e indigencia, el recorte en salud, educación y la violencia institucional.”
Asimismo, la legisladora advirtió que: “el gobierno de Cambiemos está desconociendo las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, de Unicef Argentina y de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf). Por otra parte, agregó que “la medida es inconstitucional porque viola el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho.”
“Para la solución hay que pensar más en derechos y menos en punitivismo y medidas de encierro. En los casos en que a algún niño, niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061. Insistimos en la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y derechos humanos”, finalizó.
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