El primer despacho, que había logrado media sanción en Diputados, obtuvo 52 votos a favor y 4 abstenciones en el Senado. La norma oficial establece un incremento real del 7,2 % para jubilaciones y pensiones, además de elevar el bono previsional de \$70 000 a \$110 000, con indexación por inflación ([iProfesional][1]). Mariano Recalde, jefe del bloque peronista, destacó que “este pequeño aumento apenas alcanza para un par de docenas de empanadas”, mientras que el oficialismo de Milei abandonó el recinto argumentando que se trató de un “golpe institucional” liderado por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Seguido a ese tratamiento, el Senado aprobó por 39 votos contra 14 (con una abstención) la restitución de la moratoria previsional por dos años, destinada a personas que no tienen los 30 años de aportes, y que podrán regularizar su situación para acceder a la jubilación ([iProfesional][1]). Finalmente, por unanimidad (55 a favor), se sancionó la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026 o 2027 —hay algunas diferencias de plazos en las fuentes— para actualizar prestaciones, reformar pensiones no contributivas, mejorar el sistema de CUD y garantizar el cumplimiento del cupo laboral estatal.
Durante el debate, se acusó a la vicepresidente Villarruel de “cómplice del kirchnerismo” por permitir la sesión, y la oposición rechazó la postura de que fueran necesarios dos tercios del cuerpo para formar quórum, al sostener que fue legítima porque los despachos ya contaban con media sanción de Diputados.
Por otro lado, un grupo de gobernadores de Juntos por el Cambio, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Valdés (Corrientes), habían anticipado que no acompañarían los proyectos previsionales argumentando su impacto equivalente al 2,5 % del PBI, lo que atentaría contra el equilibrio fiscal defendido por Milei ([infobae][3]). En respuesta, los senadores kirchneristas advirtieron que, si no se trataban primero los proyectos sobre jubilaciones y discapacidad, no avalarían el proyecto de reparto de fondos provinciales basado en ATN y combustibles.
En este contexto, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci —una peronista cercana al gobernador Raúl Jalil— se pronunció a favor. Corpacci destacó “la necesidad de acompañar a quienes más lo necesitan, especialmente en provincias como Catamarca, donde el ajuste golpea fuerte el poder adquisitivo de los jubilados y las personas con discapacidad”. Su respaldo se enmarca en la estrategia de Unión por la Patria, que buscó traccionar a legisladores de provincias con adversarios al oficialismo para consolidar el quórum .
En síntesis, hoy el Senado convirtió en ley los proyectos clave para jubilados, moratoria y discapacidad, aunque Milei ya anunció su intención de vetarlos. El próximo paso será la consideración de posibles vetos por parte del Congreso, que podría rechazarlos, y eventualmente la judicialización del proceso.
Quedaron pendientes los proyectos de los gobernadores sobre ATN y fondos del impuesto a los combustibles, que aún no recibieron media sanción. La expectativa se centrará ahora en el tratamiento del veto presidencial y el rumbo que tomará el Congreso tras estos debates.

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