Adorni argumentó que la reestructuración se concretó “en el último día de las facultades delegadas” y que, por primera vez, se usaron para “aliviar la carga fiscal”, generando un ahorro de 2.000 millones de dólares. También anticipó la licitación de 9.120 kilómetros de rutas degradadas.
Reacciones desde la oposición y los trabajadores
Políticos opositores calificaron la medida como un “desguace” innecesario. La exdiputada Myriam Bregman (FIT) advirtió que el cierre “pone en riesgo” la gestión de rutas.
El diputado radical Agustín Rombolá exclamó en X: “Cierran Vialidad Nacional 5 mil compatriotas sin trabajo. 47 millones sin obras. Odian al Desarrollo”.
Mónica Fein, del socialismo, señaló: “El gobierno desmonta Vialidad Nacional, una institución clave, sin debate ni transparencia”.
Eugenia Alianiello (Chubut) advirtió que se trata de un vaciamiento posible gracias a “las facultades delegadas”.
Opinión sindical
Desde Fepevina, Fabián Catanzaro denunció que el plan oficial busca “destruir” Vialidad, acusándolo de estar “flojo de papeles” y con fondos mal direccionados. En San Juan, el diputado José Peluc pidió analizar el impacto en la infraestructura y el empleo.
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA), Graciela Aleñá, fue incluso más tajante:
“Moriremos todos en las rutas argentinas… rutas nacionales de la muerte… más de 5.500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva”.
Aleñá también señaló que bienes valuados en cientos de millones podrían terminar licitados por AABE.
Un país en debate
Los argumentos del Gobierno, centrados en combatir la corrupción y adelgazar el Estado, se contrapone a un amplio rechazo político y sindical. Desde la oposición sostienen que se sacrifica la conectividad y se desprotege a las provincias. En tanto, los trabajadores alertan por despidos y rutas sin mantenimiento, mientras que el Ejecutivo promete ahorros y mayor eficiencia mediante licitaciones privadas.
Lo cierto es que esta medida genera un profundo debate sobre hasta dónde debe llegar la desregulación estatal y el rol del Estado en servicios esenciales. La puja se proyecta hacia el Senado, donde ya se anticipan pedidos de sesiones y solicitudes de informes, así como en las calles, donde gremios y asociaciones analizan acciones y posibles protestas.
Este cierre marca un antes y un después en cómo se gestionará la red vial y el transporte en Argentina. Y la pregunta central permanece: ¿se avanzará hacia mayor transparencia y eficiencia, o la fragmentación actual condena a un futuro con rutas menos seguras y comunidades desatendidas?
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