La resolución judicial responde a una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional y sostiene que el impacto fiscal de la medida es “poco significativo” en relación al presupuesto total, estimado en apenas 0,23% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso. En contraposición, el Gobierno había argumentado que la norma carece de fuentes de financiamiento específicas y que su cumplimiento pondría en riesgo el equilibrio fiscal.
El fallo genera tensión con la política económica impulsada por el ministro Luis Caputo, centrada en sostener el superávit. Desde el Ejecutivo advierten que el desembolso podría afectar los resultados fiscales positivos acumulados en lo que va del año. La causa, que escalará a la Corte Suprema, abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Poder Judicial y el Gobierno por el financiamiento del sistema universitario.
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