Había sido denunciado por investigar una red de pedofilia, haciendo caso omiso de su competencia en el caso. Con tres votos a favor de eximir al magistrado, uno en contra y dos intermedios.
Finalmente, el Tribunal de Enjuiciamiento local decidió no hacer lugar al pedido de jury de enjuiciamiento para el magistrado de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro, eximiéndolo de responder por su actuación en la polémica investigación por una red de pedofilia que habría contado con integrantes en Andalgalá.
La decisión del Tribunal fue confirmada por fuentes oficiales consultadas, quienes explicaron que la votación fue reñida y terminó dividida en tres sectores diferentes.
Por un lado, la presidenta de la Corte de Justicia, Amelia Sesto, junto al abogado Franklin Moreno y la diputada radical Verónica Rodríguez Calascibetta optaron por no hacer lugar al pedido de jury; mientras que el diputado oficialista Hugo Argerich fue el único que votó a favor del enjuiciamiento.
El senador Luis Figueroa y el abogado Adolfo José Buenader votaron a favor de una ampliación del dictamen de acusación pergeñado por el fiscal del tribunal, Gustavo Bergesio.
De esta manera, el juez Cecenarro queda liberado de la denuncia en su contra, que fuera radicada en la Corte de Justicia por los padres del docente Rodolfo Vergara Maidana, quien tomara la trágica decisión de quitarse la vida tras haber sido sindicado públicamente como investigado en el caso de la red de pedofilia, según explicaron en su momento sus allegados y familiares.
Cecenarro, cabe recordarlo, había sido denunciado por saltear su jurisdicción e investigar la red de pedofilia a pesar de que no había menores que estuviesen involucrados como sindicados en el caso, cuando -según los términos del proceso y la confirmación del juez José Cáceres- debía investigar la fiscal de Andalgalá, Martha Nieva.
El dictamen
La decisión del Tribunal de Enjuiciamiento sentará un precedente en cuanto a decisiones en el marco de pedidos de jury, ya que en este caso en particular, el dictamen del fiscal Gustavo Bergesio aboga para que se lleve a cabo el debate oral por las denuncias expuestas y en el mismo, se ventilen más pruebas de las ya aportadas por los denunciantes.
La fundamentación del fiscal acusador, a la que este medio pudo acceder, versa sobre la carencia de una “certeza negativa” de que el magistrado haya incurrido en una actividad ilícita.
En su dictamen, el fiscal asegura que en los casos de algunos hechos denunciados -en total, tres de seis- hay elementos suficientes para considerar que las acusaciones tienen asidero empírico y jurídico y que esos hechos “pueden revestir” la gravedad que la ley exige para que se realice el jury.
Es por ello que el fiscal asegura que es necesario abrir la etapa de plenario -el debate oral propiamente dicho- para reunir los elementos de convicción para peticionar que el magistrado sea fehacientemente separado de sus funciones, o no.
Por otro lado, Cecenarro también fue denunciado por otros hechos que hacen al reglamento de conducta de los magistrados, pero estos hechos -tres en total- fueron descartados como posibles causales de remoción.
Ampliación
Dos integrantes votaron a favor de que el fiscal acusador amplíe su dictamen para acusar al juez Cecenarro, ya que se consideró que el primer dictamen era “ambiguo”.
La red, sin imputados
En agosto de 2012, la Justicia Federal pidió que se realizara un allanamiento en un cybercafé de Andalgalá, ya que se contaba con la sospecha de que una de las máquinas había sido usada para recibir y enviar material a través de una cuenta de correo electrónico con escenas de pedofilia. El juez de Garantías Rodolfo Cecenarro ejecutó el pedido del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 21 y allanó el lugar, levantando evidencia clave para una posterior investigación. Sin embargo, posteriormente el material no fue remitido a la Fiscalía andalgalense para que se iniciara la instrucción de la causa, sino que directamente el juez, entendiendo que había menores en riesgo en el caso, según su descargo ante el Tribunal, decidió tomar las riendas de la investigación, llegando a sindicar a dos personas como presuntos autores. Cuando la fiscal Martha Nieva recibió la investigación armada, habría encontrado que no había elementos fehacientes para acusar a los sindicados. La causa tiene un pedido de archivo.
Fuente: http://www.elesquiu.com/notas/2014/8/27/policiales-336881.asp
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