Unos plantearán la necesidad de anular el convenio firmado por el ex rector Juan Alberto Cerisola el 2 de enero de 2008, que dio por concluida la ciudad universitaria y que implicó que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) pase a percibir la mitad de las utilidades de la firma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Aconsejarán ir a la Justicia, para que también anule el acto y dicte una cautelar que evite que se siga produciendo daño a la casa de Terán. Y señalarán que se debe elevar a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) las actuaciones de la comisión creada para investigar la validez de aquel convenio.
Otros dirán que Cerisola excedió sus competencias al firmar el convenio; pedirán que la rectora, Alicia Bardón, haga las gestiones para que el Directorio de YMAD y los miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se enteren de las conclusiones a las que llegó la comisión, para iniciar un diálogo tendiente al resguardo de los intereses de la casa. Pedirán que se recuse a Cerisola como miembro -en representación de la UNT- del Directorio de la empresa minera; y aconsejarán poner en marcha un procedimiento para la designación de dos delegados fiscalizadores.
Dictámenes
Tales aconsejamientos forman parte de sendos dictámenes de la comisión mencionada, que serán tratados por el Consejo Superior. No obstante, pese a que el asunto figuraba en el orden del día de ayer, el cuerpo retiró los dictámenes para que se traten más adelante. La diferencia radica en que el primer documento plantea la necesidad de que el tema trascienda el ámbito universitario, mientras que en segundo mantiene la cuestión fuera de los tribunales y de la FIA.
La Ley N° 14.771 (creación de YMAD) prevé que el 60% de las utilidades de la firma vayan para Catamarca y el 40% para la UNT, hasta que termine la ciudad universitaria -la obra inconclusa, ubicada en San Javier-.
Concluida esta, la UNT debía percibir el 50% de lo que recibía -es decir, el 20% del total-, y la mitad restante -otro 20% del total- se distribuiría entre las demás universidades del Estado. “Cuando (YMAD empezó a distribuir utilidades) nos dimos con que el proyecto de ciudad universitaria ya no era viable. Por ello, (lo) repensamos”, había dicho Cerisola en setiembre del año pasado.
Los firmantes del primer dictamen -los decanos de Económicas, José Luis Jiménez, de Derecho, Adela Seguí, y los consejeros Ricardo Cisneros (graduados) y Hugo Gani (adjuntos)- consideran, entre otros, que jamás se elaboró un proyecto de ciudad universitaria que remplace al original. Según los datos recabados, la llamada “ciudad universitaria del siglo XXI” no es sino tres listados de obras -en la mayoría de los casos sin que se especifiquen metros cuadrados o montos- que, además, quedó abierto. “La ley pone énfasis en la conclusión de la ciudad universitaria (para recién modificar el régimen de distribución). La intención del legislador fue inequívoca: otorgar a la UNT el derecho a construir y a concluir (las obras). Sólo una interpretación jurídicamente irrazonable puede llevar a concluir que lo que estaba en juego, antes que el derecho de la UNT a tener su ciudad universitaria, era el derecho del resto de las universidades (de percibir el 20% de las utilidades de YMAD)”, indicaron.
Añadieron que el Consejo Superior jamás aprobó ni un nuevo proyecto de ciudad universitaria, ni su finalización: “sólo por resolución de este cuerpo pueden enajenarse, o donarse, o legarse bienes muebles o inmuebles de la UNT”. De allí que también concluyen en que Cerisola rebasó su competencia. “La decisión de dar por extinguido el crédito de a UNT a recibir el 40% de las utilidades ha causado daño patrimonial; y no termina ahí, sino que se cierne sin posibilidades de mensurarlo sobre el nivel cultural de una provincia. Constituye, sin dudas, esa clase de daños que la doctrina califica como ‘tragedia social’”, manifiestan.
A criterio de los autores del segundo dictamen -los consejeros Jorge Molina, Agustín Santos, Carlos Palferro y Graciela Navarro- sí existía un nuevo proyecto de ciudad universitaria. “Al margen de las objeciones que merezca fue elaborado y elevado al Consejo Superior, que declaró estar en conocimiento del contenido”, consideraron. Y también cargaron tintas contra el ex rector. “Entendemos inconveniente la iniciación de una acción de lesividad en sede judicial, hasta tanto no agotar otras instancias consensuales”, señalan, en referencia al CIN.
La Gaceta
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