La acción fue impulsada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), con patrocinio de la Defensoría del Pueblo, representada por Dalmacio Mera. El fallo respalda además un dictamen previo del fiscal federal Santos Reynoso, que calificó los derechos vulnerados como de “indudable naturaleza colectiva” al afectar de manera homogénea a los titulares.
Según lo dispuesto, ANDIS debe no solo restituir las pensiones suspendidas, sino también pagar los montos retenidos hasta la fecha. Se le ordena además que se abstenga de continuar con auditorías basadas en la normativa cuestionada y de imponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad, hasta que haya una sentencia definitiva.
El fallo en Catamarca se suma a antecedentes recientes, como el de La Rioja, donde la justicia también frenó suspensiones similares. En ambos casos, se reclamaba la nulidad del decreto Nº 843/2024 y la adecuación de los procedimientos administrativos que notificaban dichas suspensiones.
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