El Juez Guillermo Cerda destacó la actividad en su juzgado. En el Juzgado de Minas, se incrementaron las solicitudes de cateos en minas nuevas o vacantes. El pedido de cateo cuesta 24 mil pesos.
El juez de Minas Raúl Guillermo Cerda opinó que existe un notable interés por la exploración de las áreas mineras a partir del incremento de trámites en el Juzgado de Minas, donde se inicia la solicitud de los yacimientos. Por lo tanto, la sede judicial se convierte en un termómetro para la actividad.
“La actividad minera le está generando importantes ingresos en concepto de tasas, sellados, pago de cánones a la Provincia porque es notable como se incrementó la actividad minera y obviamente se incrementaron los pedidos para las áreas mineras, que no son nada baratos. Es mucho dinero para Rentas que ingresa por tasas de justicia y por pedimentos nuevos y es mucho el trabajo que tenemos”, dijo en diálogo con El Ancasti.
“Hay muchas empresas que están solicitando nuevos pedimentos y eso se refleja en solicitudes. El ingreso fiscal es importante. Hay que tener en cuenta que un pedido de cateo tiene una tasa de $ 32 mil y tenemos muchos pedidos de cateo de minas vacantes que van desde 18 mil hasta $ 24 mil cada uno, al margen del canon que después se paga”, agregó.
Además, señaló que varias empresas que están regularizando el pago del canon porque estaban atrasadas y ponerse al día son $ 100 mil por sellado.
“Bienvenida sea la recaudación en concepto de tasas, como un ingreso para la Provincia. Cómo será el interés que hay que no tienen problemas en pagar lo que está fijado por ley impositiva”, dijo.
Cerda ratificó que la gran vedette es el litio. “Catamarca tiene un futuro muy interesante, que si las autoridades lo manejan bien va a ser promisorio. Catamarca tiene una reserva de litio muy importante; aquí lo estamos viendo con las visitas, hemos tenido delegaciones chinas, canadienses que han puesto su interés en la provincia de Catamarca".
Impositiva
Según la ley impositiva que está vigente en la Provincia por cada solicitud de cateo se deberán abonar $ 24 mil. En esta etapa se buscan zonas en las que se presume existe un yacimiento minero, es decir zonas geológicas susceptibles de ser explotadas. Durante el cateo se recogen rocas del suelo o se cavan zanjas para obtener muestras y analizarlas físicamente (ver color, dureza, etc.); mientras que en la prospección se aplican análisis químicos y estudios geofísicos.
Para el caso de las minas vacantes es de $ 36 mil y es de $ 14 mil por iniciación de trámite de manifestación de descubrimiento cantera.
Un pedido de exploración o cateo de un yacimiento tiene un plazo mínimo de un año y medio. La superficie mínima a explorar es de 100 hectáreas, por un año y medio, y sin son más de dos unidades de medidas o tres se extiende por medio año más.
El canon
El canon que pagan las empresas se fija por ley nacional y luego por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Economía. El canon se divide según el mineral que se extrae y de acuerdo con sustancias de primera o segunda categoría.
La última actualización del canon fue en diciembre de 2014 en el Congreso de la Nación.
El trámite
El pedido por la exploración de un área minera se inicia en el Juzgado Electoral y de Minas. El magistrado es la autoridad que concede y que caduca los pedidos en caso de incumplimiento.
Cualquier particular puede iniciar el trámite, ya que el Código de Minería no establece mayores requisitos. El interesado debe presentar una muestra del material hallado y la documentación con la identificación de la zona mediante coordenadas para realizar la exploración y eventual explotación.
La documentación se gira a Dirección de Minería. Los organismos técnicos asesoran al Juzgado y establecen si la zona pedida está libre y no tiene obstáculos para la exploración, tales como ser una zona urbana. También determinan mediante análisis si se encontró el mineral que se denuncia.
En base al informe técnico de Minería, el juez concede el área o no de acuerdo con la viabilidad. Dicta una sentencia en la que establece plazos. Y ordena la publicación en el Boletín Oficial.
También se fija el canon que deberá pagar el concesionario, que tiene un plazo de un año, aproximadamente, en el que debe presentar el informe de impacto ambiental y un plan de trabajo.
Fuente: El Ancasti
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