En una señal de creciente tensión con el Gobierno nacional, los gobernadores de todas las provincias presentaron un proyecto de ley para reformular la distribución del impuesto a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa surge tras una fallida reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde no se logró consenso con funcionarios nacionales. En respuesta, los mandatarios decidieron avanzar en el Congreso con una propuesta propia orientada a garantizar recursos para enfrentar la profunda crisis económica y social en sus distritos.
El proyecto plantea que el 58,36% de la recaudación del impuesto a los combustibles vaya directamente a las provincias, y solo el 10,40% al Tesoro Nacional. También establece redistribuciones al Sistema Único de Seguridad Social y al transporte público. Además, propone disolver fondos fiduciarios y ajustar la ley de coparticipación federal para una asignación más equitativa de los ATN. Según los gobernadores, esto fortalecerá el federalismo y permitirá una mejor respuesta a las demandas sociales.
La estrategia legislativa incluye el respaldo de bloques parlamentarios provinciales, con negociaciones abiertas a nivel del Congreso. Como elemento de presión, los gobernadores tienen en consideración dos proyectos con media sanción —jubilaciones y emergencia en discapacidad— que el Ejecutivo rechaza por su costo fiscal.
El malestar se intensificó con declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien cuestionó el esfuerzo de las provincias en el ajuste. Incluso algunos aliados del oficialismo criticaron públicamente la falta de respuesta del Gobierno ante el deterioro del consumo y el freno de la obra pública. La próxima reunión del Consejo de Mayo en Casa Rosada, originalmente pensada para avanzar en una nueva reforma laboral, se desarrollará bajo este nuevo escenario de confrontación.
Lo que parecía un frente alineado con la Casa Rosada comienza a desmoronarse. La avanzada de los gobernadores marca un punto de inflexión en la relación con el Ejecutivo, instalando el debate por la coparticipación de recursos en el centro de la agenda política nacional.
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